CARACAS, 26 Dic. (Notimérica) -
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha indicado a través de un comunicado de prensa su rechazo categórico al "injerencismo impertinente" del Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto a la "acción soberana el día 23 de diciembre por parte de la Armada Nacional Bolivariana" en lo que indican, "se trata de una estricta protección de las aguas jurisdiccionales indiscutiblemente venezolanas".
Los hechos acontencidos que responden al pasado día 23 de diciembre, cuando supuestamente Guayana violó la soberanía nacional venezolana al autorizar la incursión en las aguas del país venezolano de dos buques de exploración sísmica, los cuales fueron interceptados por las autoridades del país sudamericano. Por el contrario, el Gobierno de Guyana denunció que la Marina venezolana "interceptó" dichos buques en aguas guyanesas. La disputa ocurrió en las inmediaciones de la región de Esequibo, cuya soberanía se disputan ambos países, y Caracas asegura que fue incluso más al oeste, en aguas de soberanía venezolana no disputada.
"Los buques de exploración petrolera contratados por fuera del marco legal internacional por la República Cooperativa de Guyana se encontraban en aguas dentro de la proyección del Delta del Orinoco de Venezuela, por lo que jamás podrían haberse localizado en una Zona Económica Exclusiva de Guyana", asegura el Venezuela comunicado. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana indicaba en un comunicado publicado a última hora del sábado que "Guyana rechaza esta acción ilegal, agresiva y hostil", al tiempo que indican que la acción "demuestra la amenaza real que supone para el desarrollo económico de Guyana su vecino occidental" y "viola la soberanía y la integridad territorial de nuestro país".
Desde el Gobierno de Nicolás Maduro han indicado que "los buques abandonaron las aguas venezolanas luego de un intercambio de comunicaciones con la Armada Nacional Bolivariana, que se llevó a cabo en estricto apego a las normas internacionales y a la Diplomacia Bolivariana de Paz". Sin embargo, el Departamento de Estado estadounidense ha acusado a Caracas de mantener un comportamiento "agresivo" y recalcó que Guyana tenía derecho a explotar los recursos naturales de su zona económica exclusiva.
En respuesta, el Ministerio de Exteriores venezolano ha rechazado "categóricamente" el comunicado "injerencista e impertinente" de Washington sobre su "acción soberana", al tiempo que ha subrayado que "a todas luces es evidente que el Gobierno de Estados Unidos interfiere a conveniencia en un asunto que en lo absoluto es de su incumbencia, con el fin de promover intereses corporativos vinculados carnalmente con la élite gobernante en Washington, sin reparar en las más elementales normas del derecho internacional público".
"Hacemos un firme llamado a las autoridades estadounidenses a mantenerse al margen de las relaciones entre Estados soberanos y a ocuparse de sus asuntos y problemas internos", ha remachado el Ministerio de Exteriores venezolano.
DISPUTA TERRITORIAL
Venezuela y Guyana se disputan la soberanía de Esequibo, un territorio de 159.542 kilómetros que posee importantes recursos naturales --petroleros, gasísticos, mineros, hidráulicos y forestales-- y un gran potencial turístico.
El Esequibo está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899 que Venezuela considera nulo porque las negociaciones secretas, que se conocieron años después, revelan vicios del consentimiento. Además, Caracas esgrime que en el Acuerdo de Ginebra de 1966 Reino Unido, antigua potencia colonial de Guyana, reconoce que es un territorio en disputa.
El Acuerdo de Ginebra fija una 'hoja de ruta' para resolver dicha controversia y concede al secretario general de la ONU la potestad de elegir un medio de solución pacífica y cambiarlo por otro si lo considera necesario.
El secretario general de la ONU Ban Ki Moon reactivó en 2017 los buenos oficios, que quedaron suspendidos en 1990, y dio un plazo de un año a las partes para pactar. Una vez agotado el tiempo, su sucesor, Antonio Guterres, decidió en enero enviar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).