QUITO, 23 Ago. (Reuters/EP) -
Alrededor de 250 venezolanos que entraron de forma ilegal a Ecuador para unirse a decenas de miles de personas que huyen de la crisis en su país se han ganado un paso seguro a la frontera peruana, pocos días antes de que el Gobierno de Perú refuerce los requisitos migratorios.
Las autoridades ecuatorianas han asegurado este miércoles que habían enviado autobuses para llevar a los inmigrantes a 840 kilómetros desde la frontera norte del país andino con Colombia hasta el cruce costero de Haquillas con Perú.
Este año, 423.000 venezolanos han entrado a Ecuador a través de la frontera de Rumichaca, muchos de los cuales planean continuar su viaje hacia el sur para buscar trabajo en Perú. Ecuador estableció este sábado pasado normas que obligan a los venezolanos a enseñar sus pasaportes, en lugar de solo los documentos de identidad nacionales, algo que Perú también hará a partir de este sábado.
Cientos de inmigrantes que han comenzado a viajar en autobús y a pie a través de Colombia desde Venezuela cruzaron la frontera de Rumichaca este martes antes del cambio de política.
Maly Avilés, una joven venezolana de 26 años, ha pasado días en la frontera entre Ecuador y Colombia esperando con unos amigos a una solución antes de que llegaran los autobuses. "No hay vuelta atrás. Volver a Venezuela es suicida", ha afirmado.
La economía venezolana ha estado en un fuerte declive y hay oleadas periódicas de protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. El mandatario venezolano argumenta que es víctima de una "guerra económica" encabezada por Washington, diseñada para sabotear a su Administración mediante sanciones y aumentos de precios.
El caos ha obligado a mucho a ir hasta las fronteras en busca de trabajo, alimentos y atención médica básica.
El gobernador de la provincia ecuatoriana de Pichincha, en el norte del país, ha señalado que se organizarán más traslados para los venezolanos en los próximos días.
"Los venezolanos han tomado la decisión de dirigirse hacia Perú y Ecuador. Debemos garantizar sus derechos. Es una crisis humanitaria", ha recalcado en una emisora de radio local.