Cree que el etarra deportado se hizo venezolano "en fraude de ley" con el objetivo de no ser juzgado en España
MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la supuesta colaboración entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha solicitado al Gobierno español que pida al Ejecutivo de Venezuela la extradición del etarra Arturo Cubillas Fontán y que "antes" de cursar esta petición o "concomitantemente a la misma" reclame la "revocación" de su nacionalidad venezolana.
En un auto dictado este miércoles, Velasco argumenta que Cubillas, que ocupa desde 2007 el cargo de jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras de Venezuela (INTI), podría haber obtenido la nacionalidad venezolana "en fraude de ley", al tener como objetivo "impedir las reclamaciones extradicionales españolas" que la Audiencia Nacional mantiene en su contra por su actividad entre 1984 y 1985 como miembro del 'comando Oker'.
El magistrado, que ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), sugiere que "los organismos competentes del Estado español interesen antes (de la extradición) del Gobierno venezolano la revocación de la nacionalidad venezolana que por naturalización tiene el meritado Arturo Cubillas", al que procesó el pasado 24 de febrero por los delitos de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y conspiración para cometer homicidios terroristas.
Entre las causas que el reclamado tiene pendientes en España, según detalla el juez, se encuentran los asesinatos de Ángel Facal Soto, perpetrado por ETA el 26 de febrero de 1985 en Pasajes (Guipúzcoa), y del policía nacional Máximo García Kleinte, ocurrido en San Sebastián el 15 de mayo de 1985.
También atribuye al 'comando Oker', en el que Cubillas se integró junto a Idoia López Riaño, 'La Tigresa'; José Ángel Aguirre Aguirre y Ramón Zapiain Tellechea, la comisión de un atentado frustrado contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la explosión de un artefacto en un concesionario de coches y un autocar francés, diversos atracos a sucursales bancarias y la sustracción a punta de pistola de varios vehículos.
"VENEZUELA NO CUMPLE"
Velasco, que asegura que esta petición tiene encaje en lo dispuesto en el tratado bilateral de extradición y en la Constitución del país sudamericano, recuerda en su resolución que las autoridades venezolanas "no han dado cumplimiento a la orden de detención internacional" que cursó el pasado 24 de febrero contra Cubillas y otros 12 miembros de las FARC y ETA en el auto en el que advertía de la cooperación gubernamental" del Gobierno de Venezuela "en la ilícita colaboración" entre los dos grupos terroristas.
De la misma forma, justifica la petición de que se le retire la nacionalidad a Cubillas argumentando que tanto la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, como el embajador de este país en España, Isaías Rodríguez, "ya han adelantado a la prensa lo que pudiera entenderse como voluntad del actual Gobierno venezolano de no acceder a la extradición por estos hechos", al alegar que la Constitución del país impide la entrega de sus nacionales.
Según expone, la petición de extradición deberá ser acompañada de una copia del auto de procesamiento y prisión que dictó en su contra, en el que "se señalan los hechos que se le imputan y las circunstancias del lugar y hecho donde se cometieron los delitos", así como "un oficio policial sobre su identidad, nacionalidad, residencia y, si es posible, fotografía y huellas dactilares" y los artículos del Código Penal que tipifican los hechos que se le atribuyen.
INSTRUCCIÓN DE ETARRAS
Cubillas Fontán fue señalado por los presuntos miembros del 'comando Imanol' Javier Atristain, alias 'Golfo', y Juan Carlos Besance Zugasti, 'Fenómeno', encarcelados el pasado 4 de octubre por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, como el etarra que les adiestró en Venezuela en el verano de 2008 en el manejo de explosivos.
El juez Velasco procesó a los etarras Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa Corta, José José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. A todos ellos les imputa un delito de colaboración con organización terrorista; a los cuatro primeros, además, el de tenencia de explosivos, y a Cubillas Fontán también el de conspiración para cometer homicidios terroristas.
Este último delito es atribuido también a los supuestos miembros de las FARC Omar Arturo Zabala Padilla y Víctor Ramón Vargas Salazar. El juez también imputa a Gustavo Navarro Morales, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert y Luciano Martín Arango por colaboración con banda armada.