MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, ha asegurado que los derechos de Venezuela sobre Guayana Esequiba están "plenamente documentados" y ha reiterado el derecho de la ciudadanía venezolana a expresar su opinión al respecto, en referencia al anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la celebración de un referéndum el próximo 3 de diciembre.
"Al momento de la declaración de independencia de Guyana, Venezuela indicó claramente que su reconocimiento a la nueva nación se circunscribe al territorio ubicado en la margen derecha del río Esequibo, con lo cual quedó claramente establecido desde entonces que Venezuela se reservó los derechos de soberanía territorial en toda la zona ubicada al margen izquierdo del río Esequibo", ha señalado en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Estas declaraciones se han dado como respuesta al comunicado de la Comunidad del Caribe (CARICOM), en el que la organización ha indicado que el referéndum no tiene ninguna validez por su carácter unilateral sobre la región (Guayana Esequiba) de Guyana (país sudamericano) que Caracas reclama como propia.
"CARICOM observa además que (...) de ser respondido afirmativamente, autorizaría al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a embarcarse en la anexión de territorio, que constituye parte de la República Cooperativa de Guyana", reza el comunicado de CARICOM.
En ese sentido, la organización ha reiterado que el Derecho Internacional "prohíbe estrictamente" las anexiones unilaterales, y ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que Venezuela se esté planteando el "uso de la fuerza o medios militares".
Por su parte, Gil ha declarado que Venezuela "es y seguirá siendo una nación de paz" y que "continuará luchando" por una resolución pacífica de la disputa territorial; "la controversia territorial entre Venezuela y Guyana está llamada a resolverse de manera amistosa, en forma que resulte aceptable para ambas partes", ha añadido.
Asimismo, ha pedido a la CARICOM tener un "papel constructivo frente a las amenazas de Guyana" y ha acusado al presidente de Guyana, Irfaan Ali, de negarse a dialogar y de colocar "al Mando Sur de Estados Unidos por delante de su ataque contra Venezuela".
"La posición de la Comunidad del Caribe debe ser la de promover y facilitar un diálogo directo entre las partes, que haga retornar a Guyana a la senda del respeto al Derecho Internacional Público, mediante la promoción de una ruta pacífica y diplomática para abordar la controversia territorial", ha agregado Gil.
Además, ha aseverado que Guyana ha intentado apoderarse de este territorio "pese a que sus límites territoriales quedaron bien establecidos" y sobre el que "no posee títulos".
"Esta práctica constituye una infracción permanente al mandato contenido en el Acuerdo de Ginebra, a lo cual recientemente se suma la pretensión de disponer del mar territorial contiguo a la zona en reclamación, pese a que aún se encuentra pendiente de ser delimitado, práctica que sin lugar a dudas constituye una violación del Derecho Internacional", ha manifestado.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reclamado en numerosas ocasiones la soberanía de Esequibo, que comprende unos dos tercios del territorio de Guyana, por "derecho histórico". Esta prolongada disputa se avivó después de que se hallase petróleo en la zona.
El Esequibo es un territorio de 159.542 kilómetros que posee importantes recursos naturales --petroleros, gasísticos, mineros, hidráulicos y forestales-- y un gran potencial turístico. Está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899.
En concreto, Guyana argumenta que Caracas accedió a renunciar al Esequibo después del fallo en 1899, pero que Venezuela posteriormente se retractó de la decisión. Por su parte, Caracas se apoya en el acuerdo firmado en 1966 en Ginebra entre Venezuela y Reino Unido, antigua potencia colonial de Guyana, el cual reconoce que el Esequibo es un territorio en disputa y fija una 'hoja de ruta' para resolverla concediendo al secretario general de Naciones Unidas la potestad de elegir una vía de solución pacífica.