MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha justificado este martes el cierre de la oficina en Caracas de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alegando que se había alejado de su "mandato de imparcialidad" para ser "una suerte de bufete particular de grupos golpistas y terroristas".
Gil, que ha hablado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha alegado que el Gobierno de Nicolás Maduro se vio "obligado" a ordenar el cierre de dicha oficina hasta que se adopten "correctivos pertinentes", lo que pasaría por evitar la "politización" y la "injerencia".
"Resulta sorprendente que la oficina del Alto Comisionado no haya sido capaz de pronunciarse ni una vez ante las denuncias sustentadas del Gobierno nacional de intentos de golpes de estado y magnicidio recientemente frustrados", ha denunciado el jefe de la diplomacia venezolana. En cambio, según Gil, la oficina "se ha hecho eco de la campaña de sectores radicales" que "atacan las instituciones".
El ministro ha afirmado que el Gobierno seguirá trabajando para defender los Derechos Humanos en Venezuela, "fundamentalmente" los de todos aquellos que se han visto afectados por las "medidas coercitivas unilaterales", el término con el que el chavismo se refiere a las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores internacionales.
"Hasta el presente, mi país ha sido objeto de casi mil medidas coercitivas, unilaterales, ilegales y extorsivas", ha resumido Gil, que atribuye estas "disposiciones criminales" a intentos para forzar "un cambio de régimen" en el país sudamericano. Caracas considera incluso que son un crimen contra la humanidad.
La oficina técnica del Alto Comisionado de la ONU comenzó a trabajar en Venezuela en el año 2019, durante la etapa de la expresidenta chilena Michelle Bachelet como responsable del organismo. La orden de cierre de Caracas implicó también la salida del país de todo el personal de esta oficina.