Actualizado 28/04/2015 10:46 CET

Veracruz y Sonora encabezan la lista de delitos electorales en México

MÉXICO DF, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Los estados mexicanos de Veracruz y Sonora encabezan la lista de delitos electorales, seguidos de Distrito Federal y de Puebla, de acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade).

   Según el Informe Mensual de Actividades que lleva a cabo la Fiscalía, los estados donde más se cometieron hechos que podrían ser considerados como delitos electorales son Veracruz (71); Sonora (27); Distrito Federal (11) y Puebla (11). Aunque el informe también ha destacado que aunque Veracruz lidera la lista, Sonora tiene una mayor incidencia delictiva electoral.

   La Fepade comenzó en marzo 149 investigaciones nuevas sobre los procesos electorales que se sumaron a las 248 de enero y a las 123 iniciadas en el mes de febrero, haciendo un total de 520 casos en lo que va de año. Aunque sumadas a las que todavía tiene sin concluir engrosan una lista que alcanza las casi 5.000 investigaciones electorales.

   El titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, dijo hace unos días que cuando se puso al frente de ella se encontró con más de 4.500 investigaciones en trámite lo que supone un gran retraso, en declaraciones que ha recogido el periódico mexicano 'Milenio'.

   De las 149 investigaciones que se iniciaron el mes pasado, 122 han sido por denuncias de autoridades electorales; 17 por funcionarios federales; 9 por particulares; una por un político y la última por un funcionario a nivel estatal. Entre las incidencias recogidas destacan la alteración del Registro Federal Electoral, la expedición ilícita de autorizaciones para votar y el no respeto de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

   El 7 de junio los mexicanos acudirán a las urnas para renovar la Cámara de Diputados Federal y los congresos de 18 estados, así como para elegir nueve gobernadores y 903 alcaldes. La votación está en duda en el estado de Guerrero, asolado por la violencia. Aunque el Gobierno de Peña Nieto ha asegurado que destinará el dinero y los medios para blindarlas de cualquier injerencia política o del crimen organizado.