MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, ha justificado este viernes la muerte de presos y las detenciones arbitrarias permitidas de supuestos pandilleros haciendo una comparación con el asesinato de inocentes y los daños colaterales que tienen lugar en una guerra.
"Siempre en una guerra habrá víctimas inocentes y daños colaterales que habrá que corregir, no se justifica. Pero por el bien supremo que se está intentando proteger, que es la vida y el trabajo de la gente honrada, esta lucha cuando la mides con los errores que se pueden haber cometido el balance es altamente positivo", ha afirmado Ulloa en declaraciones recogidas por 'La Prensa Gráfica'.
"Si tú haces un examen de proporcionalidad y ves la dimensión de la operación, que son más de 45.000 las personas detenidas y (...) hay 2.673 denuncias, la proporción no llega siquiera el cinco por ciento. Cuando tienes una operación con un 95 por ciento de éxito sin duda la operación es correcta", ha agregado el vicepresidente.
Asimismo, el número dos del Ejecutivo salvadoreño ha sostenido, alegando a la Carta de Naciones Unidas, que "el Derecho Internacional Humanitario" reconoce el derecho a la guerra, motivo por el cual su Gobierno estaría "declarándole la guerra a las pandillas".
"Estamos en guerra, lo que hay es que escoger de qué lado estamos, si es del lado del Estado, que está defendiendo al pueblo, o del lado de las pandillas y sus entornos", ha propuesto, según ha recogido el diario salvadoreño 'El Mundo'.
El Salvador lleva inmerso en un estado de excepción desde finales de marzo aprobado y prorrogado hasta en tres ocasiones por el Parlamento del país con la intención de aplacar una oleada de violencia y mediante el cual el Ejecutivo está capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar el despliegue de militares y policías en las calles.
El pasado 17 de junio, las autoridades de El Salvador pusieron en libertad a 456 personas que habían sido detenidas "provisionalmente" hasta que se demostró que no estaban vinculadas a pandillas.
Organizaciones internacionales como Naciones Unidas o Amnistía Internacional han mostrado su preocupación por que el estado de emergencia acarree un aumento del riesgo de detención arbitraria en el país latinoamericano.