MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Etíope para los Derechos Humanos (EHRC, por sus siglas en inglés), ha denunciado este viernes que la violencia en las regiones de Afar y Amhara, principalmente por el conflicto entre los rebeldes de Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) contra el Ejército etíope y su aliado, Eritrea, se cobró las vidas casi 750 civiles durante los últimos seis meses de 2021 en medio de un espectro de atrocidades por todas las partes implicadas.
Se trata en total de al menos 403 civiles muertos y 309 heridos como resultado, principalmente, de fuego de artillería y ataques con aviones no tripulados a los que hay que sumar otras 346 víctimas de asesinatos extrajudiciales, según los resultados de un informe que abarca desde julio del año pasado, mes en el que entró en vigor un alto el fuego unilateral declarado por Etiopía, aprovechado por el TPLF para ganar terreno en el norte del país.
La comisión apunta a las fuerzas de Tigray como las responsables de "la mayoría" de estos últimos asesinatos pero no exime ni mucho menos a las Fuerzas Armadas de Etiopía, a las que acusa por ejemplo de la ejecución de una treintena de civiles bajo sospecha de pertenencia a grupos separatistas oromos en Amhara, en diciembre del año pasado.
El conflicto en Etiopía estalló en noviembre de 2020 tras un ataque del TPLF contra la principal base del Ejército, situada en Mekelle, la capital de Tigray, tras lo que el primer ministro, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el grupo tras meses de tensiones a nivel político y administrativo.
El TPLF acusa a Abiy de azuzar las tensiones desde su llegada al poder en abril de 2018, cuando se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo. Hasta entonces, el TPLF había sido la fuerza dominante dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias. El grupo se opuso a las reformas de Abiy, que consideró como un intento de socavar su influencia.
ATAQUES INDISCRIMINADOS
"Los hallazgos muestran que las partes del conflicto han llevado a cabo ataques indiscriminados contra civiles que son vulnerables, en particular mujeres, niños, personas con discapacidad y personas mayores", lamenta la comisión, un organismo estatal que, sin embargo, funciona con independencia del Gobierno federal etíope.
La comisión sí que apunta específicamente a las fuerzas de Tigray como responsables de "violencia sexual y de género generalizada, cruel y sistemática, incluida la violación en grupo contra mujeres de diferentes edades, niñas y ancianas en partes de las regiones de Afar y Amhara bajo su control".
"Las fuerzas de Tigray", apunta la comisión, "perpetraron estos actos de violencia sexual y de género para desmoralizar, deshumanizar y castigar a las comunidades; a menudo de forma indiscriminada y, a veces, de manera selectiva".
La comisión denuncia también el trauma casi irreparable entre los niños, expuestos como están a "experiencias traumáticas como presenciar el asesinato, lesiones físicas o violaciones de familiares cercanos".
"Más allá de los daños sociales, económicos y psicológicos, el desplazamiento de civiles a gran escala ha negado a los niños la protección que reciben de sus miembros de la familia", lamenta la comisión, que denuncia la muerte de niños "como resultado de las acciones violentas de las partes en el conflicto o por falta de servicios médicos".
Sobre la violencia contra las instalaciones médicas, otro acto catalogado como crimen de guerra por el Derecho Internacional, la comisión estima que un total de 2.409 establecimientos de salud, incluidos hospitales y puestos de salud, han dejado de funcionar en Afar y Amhara como resultado de la destrucción, los daños y el saqueo que sufrieron. Asimismo, un total de 1.090 escuelas quedaron totalmente destruidas y 3.220 sufrieron daños parciales en ambas regiones.