MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha defendido este jueves que el Gobierno "debe tener la posibilidad de acceder a todos los medios de comunicación" y ha aplaudido la decisión del Tribunal Constitucional del país de admitir a trámite el recurso contra la ley de publicidad estatal, que prohíbe la publicidad estatal en medios privados y señala dicha práctica como delito de malversación.
"Nosotros creemos que, precisamente, para dar a conocer el programa de atención cuando se dan las heladas, transmitir cómo combatimos la anemia e informar de la construcción de carreteras, entre otras cosas, necesitamos los medios. Por eso, es que debemos tener la posibilidad de acceder a todos los medios para poder dar a conocer las acciones", ha manifestado.
Las autoridades también han señalado que el Gobierno está trabajando "arduamente" para contar con una infraestructura educativa en beneficio de los estudiantes y en aras de mejorar las condiciones para los profesores en Perú, según ha informado el diario local 'El Comercio'.
Por otra parte, el presidente ha destacado que la mayoría de los docentes no está participando en la huelga de maestros convocada a nivel nacional.
"En el tema de la huelga (...) estamos haciendo esfuerzos para mejorar su atención y mejorar en general la educación", ha insistido. "A nivel nacional hemos pedido que se cambie la organización y la estrategia para construir por lo menos unas 20 veces más, unas 500 o 600 instituciones", ha explicado.
El Gobierno de Perú presentó el 21 de junio un recurso contra la ley al considerar que bloquea el derecho de la población a estar informada en relación con asuntos nacionales importantes.
El texto legal fue aprobado el lunes, 18 de junio, por el Congreso peruano --de mayoría opositora-- y ha provocado un nuevo enfrentamiento con el Gobierno.
La ley permite la publicidad estatal sólo en medios del Estado y prohíbe hacerlo en medios privados excepto en casos de desastres naturales o campañas de educación electoral. La oposición ha justificado la aprobación de la norma alegando que la publicidad estatal es utilizada por las entidades públicas para buscar apoyo político de los medios de comunicación privados y realizar propaganda en lugar de informar de las acciones del Gobierno.