Archivo - Sesión plenaria en el Parlamento Europeo - ALAIN ROLLAND - Archivo
MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Vox ha registrado una iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno a rechazar el acuerdo comercial suscrito por la Unión Europea y Mercosur en lo que perjudique a los productores españoles, frenar su aplicación provisional por "poner en riesgo la supervivencia del sector primario y el medio rural" y a promover que sea sometido a referéndum consultivo, en los términos del artículo 92 de la Constitución, por su "indudable trascendencia" para el interés nacional.
La proposición no de ley (PNL), recogida por Europa Press, señala que el acuerdo constituye uno de los tratados comerciales de mayor alcance suscrito por la Unión en las últimas décadas y sostiene que "afectará de forma directa y muy negativa al sector primario español y, con ello, al tejido productivo y social de la España rural".
Vox sostiene que agricultores y ganaderos españoles "no pueden competir" contra los productos agroalimentarios que se producen en América del Sur, ya que afrontan requisitos fitosanitarios, ambientales y laborales "mucho más laxos".
EL ACUERDO, EN EL TJUE
El texto añade que la amenaza es "común a toda Europa" y recuerda que el Parlamento Europeo, a propuesta de Patriots --grupo en el que se encuentra Vox--, ya aprobó remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para un dictamen jurídico, con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, lo que abrió un procedimiento de revisión cuyo resultado "puede afectar a la validez, al alcance competencial o incluso al procedimiento de aprobación del tratado".
De esta manera, recuerdan, se paraliza la efectividad del acuerdo hasta que el TJUE determine su compatibilidad con los tratados, una decisión que podría retrasar hasta dos años la entrada en vigor, y que, si el dictamen fuera negativo, el acuerdo no podría entrar en vigor.
No obstante, la formación que dirige Santiago Abascal critica que la Comisión Europea haya reiterado su disposición a activar la aplicación provisional "tan pronto como uno de los Estados del bloque sudamericano complete su proceso de ratificación" y afirma que, "a ojos de las organizaciones agrarias españolas", ello supondría "una quiebra del principio de seguridad jurídica y un debilitamiento del control democrático parlamentario al degradar al Parlamento Europeo a "una instancia meramente consultiva", además de generar "efectos económicos inmediatos que podrían resultar irreversibles".
Asimismo, la PNL subraya que la aplicación provisional del acuerdo puede suspenderse si un Estado miembro exige paralizar el proceso, cita que el TJUE controlará "la legalidad de los actos" de la Unión, podrá ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado y ordenar las medidas provisionales necesarias, y concluye que "el Gobierno de España debe utilizar todas las herramientas a su alcance" para evitar dicha aplicación provisional.