LONDRES, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Nueve personas que avalaron al fundador de Wikileaks, Julian Assange, para que evitase la cárcel en Reino Unido deberán abonar 93.500 libras adicionales (unos 115.000 euros) antes del próximo 6 de noviembre por las violaciones de la libertad condicional en que ha incurrido el periodista australiano.
Así lo ha determinado este lunes un juez del Tribunal de Westmister, mediante una decisión en la que obliga a quienes en 2010 comprometieron 140.000 libras para ayudar a Assange, que en aquel entonces --y también ahora-- intentaba evitar su extradición a Suecia, donde está siendo investigado por presuntos delitos sexuales.
Assange se encontraba en libertad condicional cuando en junio se refugió en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde aún permanece pese a que ya cuenta con el asilo concedido por Ecuador. Al entrar en la legación, el fundador de Wikileaks violó los términos de su libertad condicional y ahora no puede abandonar el edificio sin ser detenido por las autoridades británicas.
El exmilitar Vaughan Smith, que acogió a Assange en su casa de Norfolk en 2011, deberá pagar 12.000 de las 20.000 libras comprometidas inicialmente, mientras que el veterano periodista australiano Philip Knightly tendrá que abonar 15.000, 5.000 libras menos de las que registró.
Los miembros de Wikileaks Joseph Farrell y Sarah Harrison han sido obligados a pagar 3.500 libras cada uno (1.500 libras menos por persona), dentro de una sentencia que también incluye al biólogo premio Nobel Sir John Sulston, quien deberá entregar antes del 6 de noviembre 15.000 de las 20.000 libras que comprometió.
Por su parte, la activista ecologista Tracy Worcester está en la obligación de abonar 7.500 libras, 2.500 más de las que tendrá que pagar la profesora Tricia David, si bien esta última llegó a avalar a Assange con 20.000 libras. Caroline Michel, antigua agente literaria del fundador de Wikileaks, deberá pagar 15.000 de las 20.000 libras prometidas.
El juez Howard Riddle ha escrito en su sentencia que, si bien los nueve avalistas pudieron actuar "de buena fe" al respaldar la liberación de Assange, incumplieron su "principal obligación", es decir, asegurar la entrega del sospechoso.
Los avalistas apelaron a la clemencia de la Justicia la semana pasada para evitar el pago del dinero comprometido alegando que el caso de Assange se había convertido en una cuestión "sin precedentes" a nivel diplomático e internacional. Tres de ellos incluso entregaron documentos relativos a su situación financiera para que fuesen tenidos en cuenta por el tribunal.
En su nota, las nueve personas explicaron que la extradición a Suecia no se desarrollaba con las suficientes garantías como para evitar un hipotético traslado a Estados Unidos, donde podría ser acusado por las filtraciones de documentos oficiales lanzadas por Wikileaks.
El juez Riddle, sin embargo, no ha tenido en cuenta estos argumentos --salvo los económicos-- y ha apuntado que "lo único cierto" es que Assange ha logrado asilo en Ecuador. "No veo ninguna diferencia entre buscar refugio en la Embajada ecuatoriana y coger un vuelo hacia ese país", ha dicho Riddle al cuestionar la voluntad del fundador de Wikileaks de entregarse a las autoridades.