TEGUCIGALPA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, restó este lunes importancia al informe de Estados Unidos sobre el golpe de Estado contra el ex mandatario Manuel Zelaya en 2009, divulgado por Wikileaks, pues considera que es "natural" que los "países grandes" tengan sus "redes de información".
El documento da a conocer lo que habría sido la postura oficial de Washington tras el derrocamiento de Zelaya, según las versiones de su embajador en Tegucigalpa, Hugo Llorens, quien afirmó que "los militares, la Corte Suprema y el Congreso Nacional han conspirado el 28 de junio en lo que constituyó un golpe de Estado ilegal y anticonstitucional contra el poder Ejecutivo".
Llorens, tras los sucesos de junio de 2009, informó a la Casa Blanca de que "los argumentos esgrimidos por los defensores del golpe son a menudo ambiguos, no tienen ninguna validez sustancial y en algunos casos son abiertamente falsos", señala el texto.
A pesar de la polémica, Lobo ha preferido no dar mayor importancia a la revelación de los más de 251.000 documentos oficiales de Washington a través de la web de Wikileaks. "¿Quién no sabe que los países grandes tienen sistema de investigación y análisis? Y todos los tenemos", afirmó.
En declaraciones a la prensa, el mandatario hondureño aseveró que "todos los países grandes tienen su red de información que es natural" y confió en que la divulgación de este informe no despierte conflictos en ese país que intenta superar una de las peores crisis políticas de los últimos 20 años.
Zelaya fue derrocado por militares el 28 de junio de 2009, el mismo día que tenía previsto realizar una consulta popular para avanzar en la reforma de la Constitución. En su lugar, fue designado jefe de Estado el entonces presidente del Congreso, Roberto Micheletti, quien instauró un gobierno 'de facto' rechazado por la mayor parte de la comunidad internacional.
Según la versión de Llorens, el "ascenso" al poder de Micheletti "fue ilegítimo". No obstante, señaló "también es evidente que la Constitución en sí misma puede ser deficiente en términos de proporcionar procedimientos claros para hacer frente a supuestos actos ilegales cometidos por el Presidente y para la resolución de conflictos entre los poderes de gobierno", reza el documento.