Propone la adopción de sanciones contra los altos cargos responsables de paralizar la asistencia
MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
La de Yemen es, a día de hoy, la mayor crisis humanitaria mundial, con el 80 por ciento de la población necesitada de asistencia, pero los esfuerzos de la ONU y las ONG por atender a los millones de personas que lo requieren se topan con las continuadas injerencias de las partes enfrentadas en el conflicto, según denuncia Human Rights Watch (HRW) en un nuevo informe.
En 'Consecuencias mortales: Obstrucción de la ayuda en Yemen durante la COVID-19', HRW ha documentado la interferencia sistemática en las operaciones humanitarias por parte de los huthis, del Gobierno yemení reconocido internacionalmente y las fuerzas que le apoyan, así como por el Consejo de Transición del Sur (CTS), el organismo que representa a los separatistas del sur de Yemen y que cuenta con el respaldo de Emiratos Árabes Unidos.
Pese a las crecientes necesidades en el país, que ya antes del conflicto que estalló en 2015 era uno de los más pobres del mundo, a partir del pasado mes de junio los donantes han reducido su ayuda, en parte debido a las obstrucciones detectadas, lo que ha obligado a las agencias humanitarias a reducir las raciones alimentarias, la atención sanitaria y el apoyo de agua y saneamiento a millones de personas en un momento en que el país se enfrenta también a la pandemia de coronavirus.
"Millones de personas han estado sufriendo en Yemen porque los huthis y otras autoridades yemeníes han negado a la ONU y otras agencias humanitarias acceso sin restricciones a las personas necesitadas", denuncia Gerry Simpson, director asociado de crisis y conflicto de HRW y autor del informe.
"El diezmado sector sanitario y la desenfrenada propagación de la COVID-19 hacen que la obstrucción y los recientes recortes en la ayuda de los donantes sean catastróficos", ha advertido. La ONU ya alertó en junio de su temor de que dadas las circunstancias en el país, la pandemia probablemente se propagaría "más rápido, más ampliamente y con consecuencias más mortíferas que casi en cualquier otra parte".
Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento el país ha registrado poco más de 2.000 contagios y 584 fallecidos. Sin embargo, subraya HRW, la cifra real es probablemente muy superior habida cuenta de la limitada capacidad para realizar test, una población con un sistema inmune debilitado tras más de cinco años de guerra y un sistema sanitario muy castigado. A esto hay que añadir que los huthis habrían advertido a los profesionales de la salud de no informar de los casos de COVID-19, según la organización.
Para elaborar el informe, HRW entrevistó por teléfono entre mayo y junio a diez trabajadores de la salud yemeníes, 35 trabajadores humanitarios de la ONU y ONG y a diez representantes de donantes.
OBSTÁCULOS A LA ASISTENCIA
Los trabajadores humanitarios describieron un amplio abanico de obstáculos por parte de las autoridades en las distintas partes del país, incluidas cientos de normas que restringen su labor, largos retrasos en la aprobación de proyectos de asistencia, el bloqueo de evaluaciones para identificar las necesidades humanitarias de la población, intentos de controlar la observación de la ayuda, dictar o interferir en la lista de personas receptoras para desviar la asistencia a personas leales, y violencia contra el personal humanitario y sus propiedades.
En lo que se refiere a los huthis, que cuentan con el respaldo de Irán, desde finales de 2019 han sido objeto de una creciente presión por parte de la ONU y los países donantes para que faciliten la asistencia humanitaria y a mediados de este año aprobaron toda una serie de proyectos atrasados en los que se comprometen a no interferir en la independencia de las ONG.
Sin embargo, según HRW, los cooperantes tienen dudas de su los responsables huthis cumplirán con el acuerdo o, como ya hicieron en el pasado, harán algunas concesiones mientras que introducen otras nuevas.
Ante los hallazgos hechos por la ONG en su contra, los huthis sostuvieron en sendas cartas remitidas el 14 de julio y el 13 de agosto que las acusaciones de obstrucción son infundadas y que las organizaciones que las alegan están siguiendo "órdenes políticas" de Estados Unidos.
En lo que se refiere al Gobierno yemení de Abdo Rabbu Mansur Hadi, respaldado por una coalición que lidera Arabia Saudí, también ha impuesto "onerosos requisitos burocráticos" a las ONG que han demorado de forma innecesaria la distribución de ayuda a millones de civiles, violando con ello las obligaciones en materia de Derechos Humanos del Ejecutivo. Ni el Gobierno ni el CTS han respondido a las acusaciones de HRW.
PROHIBICIÓN DE PARALIZAR LA AYUDA
La organización recuerda que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe a las partes en conflicto paralizar la autorización de operaciones de asistencia por motivos arbitrarios y les exige que permitan y faciliten la llegada de ayuda de forma rápida, imparcial y sin restricciones a los civiles que la necesitan. "Las demoras innecesarias o la obstrucción de ayuda también podría violar los derechos a la vida, la salud y a un estándar de vida adecuado, incluida la comida y el agua", advierte en su informe.
Así las cosas, HRW ha reclamado a las partes enfrentadas en el conflicto que pongan fin de forma inmediata a las injerencias y obstrucciones en el reparto de ayuda humanitaria y ha reclamado a los donantes que aumenten los fondos para ONG, al tiempo que presionan a las autoridades a nivel local para que respeten los principios de independencia e imparcialidad.
De los más de 3.330 millones de dólares solicitados para asistir en 2020 a quienes lo necesitan en Yemen, se ha recibido hasta la fecha solo el 30 por ciento, según datos de la ONU.
"Millones de yemeníes dependen de que las autoridades permitan el libre flujo de ayuda para la atención sanitaria y otras necesidades", subraya Simpson. "Los donantes deberían interactuar con los huthis y otras autoridades y presionar para que se ponga fin a los bloqueos y desvíos de ayuda y seguir apoyando a los grupos humanitarios que asisten a quien lo necesita, pese a los enormes desafíos", subraya.
HRW también sostiene que el Consejo de Seguridad de la ONU debería identificar a los altos cargos tanto huthis como del Gobierno yemení responsables de obstruir el reparto de asistencia y se les imponga sanciones individuales que congelen sus bienes y les impidan viajar.
Además, la organización considera que la ONU debería establecer una investigación independiente con el fin de conocer el alcance de la obstrucción y las carencias a las que se enfrenta la respuesta de la comunidad humanitaria en Yemen.