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MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado este viernes que República Dominicana "ha privado arbitrariamente de su nacionalidad" a unas 200.000 personas, en su mayoría descendientes de haitianos.
Miembros de la CIDH han realizado una visita entre el 2 y el 5 de diciembre a República Dominicana "para observar la situación en lo relativo a los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no discriminación, así como a otras problemáticas relacionadas".
La organización regional ha determinado que "las violaciones al derecho a la nacionalidad que había observado en su última visita 'in loco', realizada en 1997, continúan y que la situación se ha agravado debido a la última sentencia del Tribunal Constitucional".
"Como consecuencia del fallo, un número indeterminado pero muy significativo de dominicanos, que diversas fuentes estiman en más de 200.000 personas, han sido privadas arbitrariamente de su nacionalidad", ha dicho, en un comunicado publicado este viernes.
"Esta situación afecta en forma desproporcionada a las personas de ascendencia haitiana, frecuentemente identificadas por su color de su piel, constituyendo una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación", ha especificado.
A este respecto, ha añadido que "afecta a personas ya sujetas a múltiples formas de discriminación, con base en la raza y la pobreza". "La CIDH visitó varios bateyes y constató las condiciones de exclusión bajo las cuales viven sus habitantes", ha denunciado.
Además, el bloque hemisférico ha alertado de que "la privación arbitraria de la nacionalidad de estas personas genera una situación de extrema vulnerabilidad en la cual se producen violaciones a otros múltiples Derechos Humanos".
La CIDH también ha denunciado "expresiones contra periodistas, intelectuales, abogados, políticos, legisladores, defensores de derechos humanos, figuras públicas e incluso servidores públicos de alto nivel que han criticado la sentencia del Tribunal Constitucional".
"Estas personas han sido calificadas de 'traidores a la patria', han sido objeto de amenazas y se ha llamado públicamente a darles muerte", ha apuntado, expresando su preocupación por que "el discurso racista cree un ambiente que incremente la vulnerabilidad frente a la violencia de las personas de descendencia haitiana".
Así, ha hecho un llamamiento "a las autoridades dominicanas a contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas".
RECOMENDACIONES DE LA CIDH
"Con el espíritu de colaborar en la búsqueda de una solución respetuosa de los Derechos Humanos", la CIDH ha realizado una serie de recomendaciones "para responder a los desafíos identificados en cuanto al derecho a la nacionalidad".
"Deben garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010", ha indicado.
En concreto, ha aclarado que "no se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquéllas desnacionalizadas bajo esta sentencia, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos".
"Las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por esta sentencia deben ser generales y automáticas y los mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos", ha añadido.
POLÉMICA SENTENCIA
El conflicto se desató el pasado 23 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional de República Dominicana denegó la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes nacidos después de 1929, por lo que ahora serían "ilegales" o estarían "en tránsito".
La gran mayoría de los afectados son hijos de haitianos que emigraron al país vecino en busca de unas mejores condiciones de vida. Santo Domingo se ha quejado reiteradamente del flujo migratorio procedente de Puerto Príncipe.
República Dominicana está poblado por 10 millones de personas, 458.000 de las cuales son de origen haitiano. De éstas, solamente 240.000 han nacido en territorio dominicano.
El Gobierno dominicano se enfrenta a una gran presión internacional por esta cuestión. Un grupo de 25 organizaciones humanitarias ha enviado una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para que impida la aplicación del fallo.
CRISIS DIPLOMÁTICA
En este contexto, el pasado 19 de noviembre, Santo Domingo y Puerto Príncipe emitieron un comunicado conjunto para anunciar el inicio de las conversaciones bilaterales para solucionar el conflicto migratorio, con Venezuela como mediador.
"El diálogo es la forma adecuada de resolver cualquier situación relativa a la gente de origen haitiano nacida en República Dominicana y afectada por esta decisión judicial", dijo el Gobierno de Danilo Medina.
La voluntad de diálogo apenas duró una semana porque el pasado 29 de noviembre República Dominicana acusó a Haití de romper el esta Declaración Conjunta y, en consecuencia, llamó a consultas a su embajador en Puerto Príncipe, Rubén Silié.
El viceministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullols, explicó que "República Dominicana ha tomado esta determinación en vista del desconocimiento por parte de Haití de la Declaración Conjunta mediante la cual se comprometió a "priorizar el diálogo".
"En la reunión de la Comunidad del Caribe (CARICOM), celebrada el pasado martes en Trinidad y Tobago, las autoridades haitianas evidenciaron una franca violación de la Declaración Conjunta", dijo, en alusión a la cumbre en la que se decidió suspender el proceso de adhesión de República Dominicana en la organización regional.
REFORMA MIGRATORIA
En este contexto, hace una semana Medina emitió el decreto 327-13, por el que establece un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, y en el que se invita a los inmigrantes a acogerse al acuerdo en un plazo de 18 meses, a partir de la puesta en marcha del mismo.
Entre los criterios que se exigen para demostrar un vínculo con la sociedad dominicana, se tendrá en cuenta el hecho de tener hijos nacidos en el país, de haber cursado estudios en territorio dominicano, de saber hablar y escribir español, de residir en un domicilio fijo, de convivir con un dominicano y de carecer de antecedentes penales.
Asimismo, el decreto establece la necesidad de que el extranjero demuestre vínculos de tipo laboral o socioeconómico con el país. En este sentido, se valorará poseer propiedades muebles o inmuebles, cuentas bancarias, tener un empleo regular durante el tiempo de su permanencia y ejercer un oficio técnico certificado.