Publicado 02/03/2021 12:32

El 80 por ciento de los centros sanitarios de Bolivia no participa en la huelga, según la Defensoría del Pueblo

Un profesional sanitario de Bolivia participa en una manifestación contra la Ley de Emergencia Sanitaria en La Paz.
Un profesional sanitario de Bolivia participa en una manifestación contra la Ley de Emergencia Sanitaria en La Paz. - Radoslaw Czajkowski/dpa

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 80 por ciento de los centros sanitarios de Bolivia no cumple con el nuevo paro establecido por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) para presionar a favor de la derogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, según datos de la Defensoría del Pueblo boliviana.

"La Defensoría del Pueblo verificó (...) que el 80 por ciento de los establecimientos de salud del país (...) no acata el nuevo paro médico convocado", ha señalado el organismo en un comunicado.

La institución ha evaluado un total de 50 centros médicos en Bolivia --del sector público y pertenecientes a la Caja Nacional de Salud-- y ha constatado que en 40 de ellos la atención era normal, cinco sí participan en la huelga y cinco han cumplido el paro "de manera parcial".

El sector médico de Bolivia ha extendido durante 15 días la huelga con la que pretenden que se derogue la nueva normativa, aunque se comprometieron a ""reforzar los servicios de emergencia y atención de COVID-19 en todo el sistema nacional". El Gobierno boliviano, por su parte, ha afeado la huelga, señalando que representará un "obstáculo" para la campaña de vacunación contra la COVID-19.

Los médicos reclaman la redacción de una nueva Ley de Emergencia Sanitaria que cuente con su aval, pues, a su juicio, la actual atenta contra sus derechos.

La normativa no habría sido consensuada con las organizaciones de trabajadores de la salud, lo que ha abierto un nuevo capítulo al pulso entre médicos y Gobierno, plagado de ultimátums para aprobar una ley sanitaria por parte del oficialismo y de la contraparte, representada por el Consejo Nacional de Salud.

Los trabajadores sanitarios lamentan que esta nueva ley vulnera la Constitución y, además, que no se les haya tenido en cuenta para su elaboración.