MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El 85% de los consumidores asegura que el compromiso de un restaurante frente al desperdicio influye en su elección a la hora de comer fuera de casa, mientras que el 41% cambiaría de restaurante por otro con políticas activas y un 51% lo haría si la oferta es similar, según se desprende del estudio 'El compromiso del sector de la restauración frente al desperdicio alimentario: una mirada desde el consumidor', llevado a cabo por Too Good To Go.
Según el estudio, 7 de cada 10 consumidores considera el desperdicio de alimentos un problema muy preocupante. En este sentido, los restaurantes son percibidos como el segundo actor con mayor peso en el desperdicio de alimentos (72%), por detrás de los supermercados (76%) y por delante de los hoteles (52%), los hogares (30%) y la producción agrícola y ganadera (8%).
En este punto, el informe evidencia una brecha significativa entre la percepción del consumidor y la realidad ya que, según datos más recientes de Eurostat, el mayor volumen de desperdicio se produce en los hogares, seguido de la producción primaria, fabricación, distribución y en último lugar la restauración.
Por otro lado, uno de cada tres encuestados cree que el sector no está poniendo en marcha ninguna acción para acabar con esta situación. Al respecto, más de la mitad de los consumidores (56%) considera que el sector no está comunicando lo suficiente dichas acciones.
Entre las medidas que en mayor medida les interesan a los consumidores destacan la posibilidad de llevarse la comida sobrante en tuppers (79%) y la colaboración con aplicaciones como Too Good To Go (78%), seguidas de la donación de excedentes (66%). También aprecian la formación del personal para reducir el desperdicio en el día a día (37%) y la realización de campañas de concienciación en los propios establecimientos y en sus redes sociales (34%).
El estudio se ha presentado en un encuentro realizado por Marcas de Restauración y Too Good To Go en la Oficina del Parlamento Europeo en España, que ha reunido a representantes del sector de la restauración, administraciones públicas y organizaciones comprometidas con la reducción del desperdicio alimentario.
En el evento, la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ana Rodríguez Castaño, ha hecho referencia a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que ha calificado de "realidad económica, pero también ética".
En este sentido, ha destacado que "antes mucha gente sentía reparo al pedir la comida que había sobrado en un restaurante, con esta ley esperamos que en vez de vergüenza se sienta orgullo". A su juicio, la ley genera beneficios para las empresas y los consumidores: "con esta ley ganamos todos".
En el posterior debate, los ponentes destacaron la importancia de la promoción de las buenas prácticas del sector y se destacó cómo las empresas de restauración llevan años trabajando de forma proactiva para reducir el desperdicio alimentario, no como respuesta a la nueva legislación, sino como parte de su compromiso y cultura corporativa.
Los participantes coincidieron en la importancia de la prevención en origen, la formación de los equipos y la colaboración con entidades sociales y plataformas. También se destacó el papel de la innovación y la tecnología en la mejora de la eficiencia operativa, así como la necesidad de comunicar y sensibilizar al consumidor, rompiendo prejuicios y reforzando el valor de una gestión responsable y sostenible del alimento.
También se abordaron las claves de las regulaciones en materia de desperdicio alimentario a nivel europeo, nacional y autonómico, destacando el proceso de implementación de la regulación aprobada este año tanto a nivel europeo con la fijación de objetivos de reducción de desperdicio alimentario así como a nivel nacional y autonómico con la ley de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario, así como la importancia de la colaboración en este proceso de implementación entre los distintos niveles de las administraciones públicas y entre la administración y las empresas.