QUITO, 10 Dic. (Notimérica) -
El Gobierno del presidente, Rafael Correa, ha ampliado el control estatal sobre los medios de comunicación y la sociedad civil. Además, ha ejercido abusivamente de su poder para intimidar y castigar a sus críticos.
Según el 'Informe Mundial 2016' elaborado por el organismo internacional Human Rights Watch (HRW) el pasado mes de enero, 2015 estuvo plagado de manifestaciones en las que miles de personas protestaron contra políticas del Gobierno de Correa.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad respondieron en varias ocasiones con un uso excesivo de la fuerza, algo que no ha sido investigado hasta la actualidad.
Otros problemas en relación a los Derechos Humanos que siguen vigentes en Ecuador incluyen la independencia judicial, las deficitarias condiciones carcelarias y las limitaciones en el acceso por parte de mujeres y niñas a servicios de salud reproductiva por temor a enfrentar acciones penales.
ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
Las fuerzas de seguridad han utilizado en varias ocasiones la fuerza contra manifestaciones pacíficas durante 2015. En agosto del pasado año, una minoría de participantes en manifestaciones agredieron a miembros de las fuerzas de seguridad, dejando un total de 116 oficiales heridos. Las fuerzas de seguridad respondieron en algunos casos con el uso de la fuerza, golpeando y deteniendo arbitrariamente a decenas de manifestantes y transeúntes.
Las autoridades acusaron a 130 personas por su presunta responsabilidad en incidentes violentos, pero aparentemente no se han realizado esfuerzos suficientes para investigar a los funcionarios que utilizaron la fuerza para dispersar dichas protestas.
En los últimos años, los fiscales y jueces de Ecuador han imputado cargos de "terrorismo" y "sabotaje" a personas que participaron en manifestaciones gubernamentales.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La Ley Orgánica de Comunicación de 2013 exige que toda la información difundida por medios será "verificada" y "precisa", lo cual facilita la posibilidad de censura.
En decenas de casos se ha ordenado a medios de comunicación y periodistas "rectificar" noticias, retractarse, u ofrecer una disculpa pública por su contenido.
Periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales que criticaban abiertamente al Gobierno de Correa han sido objeto de acoso y amenazas por parte de fuentes anónimas.
En febrero, un activista ecuatoriano que había publicado memes satíricos en las distintas redes sociales, incluido uno donde se mostraba al presidente en un centro comercial de Europa, recibió una amenaza de muerte anónima después de que el propio Correa publicase su nombre durante su programa de televisión semanal.
El Gobierno exige frecuentemente a medios privados la transmisión de mensajes oficiales en respuesta a informes de noticias desfavorables.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
Durante años, la corrupción, la ineficiencia y la influencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador. Organizaciones no gubernamentales de la región documentaron la intromisión habitual del poder ejecutivo en las decisiones judiciales, así como el uso indebido del sistema penal contra quienes cuestionan políticas del Gobierno y el uso indebido del sistema de disciplina interno del poder judicial para castigar a jueces cuyas decisiones no concuerden con las políticas del Gobierno de Correa.
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
En agosto, el presidente Correa dictó un nuevo decreto que conserva las amplias potestades para regular y disolver a organizaciones.
Persisten los actos de persecución contra activistas que cuestionan abiertamente políticas gubernamentales.
DERECHO A LA PRIVACIDAD
En julio, fuentes de noticias difundieron presuntos documentos gubernamentales clasificados que se habían filtrado extraoficialmente, los cuales indican que la Secretaría de Inteligencia habría vigilado ilegalmente a defensores de Derechos Humanos, activistas ambientales, organizaciones indígenas, académicos y opositores políticos del presidente Correa.
CONDICIONES EN CENTROS DE DETENCIÓN
La sobrepoblación y la ubicación en centros remotos de las cárceles ecuatorianas, así como las normas rigurosas sobre visitas limitadas, dificultan el contacto de los internos con sus familiares.
DERECHOS REPRODUCTIVOS
El derecho a realizar abortos se limita a casos en que la salud o la vida de la mujer estén en peligro, o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación a una mujer "con discapacidad mental". El temor a ser perseguidas penalmente genera que algunas mujeres o niñas recurran a abortos practicados de manera ilegal.
UN SISTEMA PROPIO
El pasado mes de octubre, el presidente Correa ratificó la necesidad de que Iberoamérica cuente con un sistema de Derechos Humanos propio que responda a su realidad de principios, valores y culturas, además de consolidar la supremacía del ser humano sobre el capital.
Durante la inauguración del 56º período extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mandatario indicó que "probablemente ya es hora de tener un sistema latinoamericano de Derechos Humanos digno, coherente, justo y nuestro".
Correa propuso la conversación de los países iberoamericanos en bloque ya que éstos han "sido capturados por los países hegemónicos de América del Norte que convierten (al sistema de Derechos Humanos) en ineficiente y poco confiable", indicó en la presentación.
Por tanto, propuso que las naciones de la región debatieran los intereses de sus países en la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños (Celac) para concluir en la Organización de los Estados Americanos (OEA) junto con las discusiones de América del Norte.
"La satanización del poder político es una estrategia de inmovilización de nuestro procesos de cambio", denunció, al tiempo que añadió que "cuando los que siempre dominaron nuestros países denuncian el respeto a los Derechos Humanos es porque por primera vez están bajo iguales condiciones en el imperio de la ley y no pueden someter a los gobierno, y sus medios de comunicación ya no tiene impunidad para manipular la verdad".