Una activista protegida por Amnistía critica la falta de "voluntad" en México por localizar desaparecidos

La activista Aleida Quintana asegura que las autoridades mexicanas "no tienen vo
EUROPA PRESS
Publicado 20/02/2019 15:43:49CET

   Aleida Quintana baraja volver a su país y es optimista con la acción del Gobierno de López Obrador ante desaparecidos y feminicidios

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La activista mexicana Aleida Quintana, que está en España a través del programa de Protección Temporal de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, ha asegurado que las autoridades mexicanas "tienen mecanismos para localizar a las personas desaparecidas", pero ha denunciado que "no hay voluntad política" para llevar a cabo estas búsquedas.

   Esta licenciada en Antropología Social y defensora de los derechos humanos en México, de 31 años de edad, ha participado este miércoles en Santiago de Compostela en un 'Almorzo On/Off' organizado por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y Amnistía Internacional, marco en el cual ha explicado la situación de las personas desaparecidas en el estado de Querétaro, de donde es natural.

   Según ha explicado, el estado de Querétaro "se publicita como uno de los estados más seguros del país" debido a la "negativa del Gobierno a reconocer los cárteles, secuestros, robos y feminicidios".

   La activista ha apuntado que "era un secreto a voces que existía un pacto entre el Gobierno y los cárteles del narcotráfico" que permitía a los narcotraficantes establecerse en ese estado a cambio de que no cometiesen delitos graves en ese territorio.

INVESTIGACIÓN DE LA ACTIVISTA

   En 2013, en el marco de un programa de la Universidad Autónoma de Querétaro, Aleida Quintana comienza una investigación sobre la desaparición de personas en su estado, un fenómeno que "oficialmente solo se limitaba a los estados del norte del país".

   La antropóloga comenzó a contrastar los datos de los reportes de desaparecidos de la página web de la Fiscalía y la encontró "llena de anomalías", como la eliminación de algunas fichas, la publicación de más desaparecidos hombres que mujeres o la inclusión de las niñas en el grupo de mujeres adultas.

   A partir de ese momento comenzó a hacer públicos datos de desaparecidos en Querétaro: 153 en 2013, 177 en 2014, 407 en 2015, 629 en 2016 y más de 800 en 2017. Sin embargo, "en todo ese tiempo, el discurso oficial fue que no había ningún desaparecido", ha afirmado Quintana.

TORTURAS Y AGRESIONES

   El seguimiento de los casos de las desapariciones le permitió a la activista la localización con vida de algunas de ellas. Estas le contaron lo que les había sucedido y explicaron las torturas y agresiones sufridas.

   La mayor parte de las desaparecidas eran víctimas de trata utilizadas en la prostitución, la mendicidad, el trabajo y el sicariato --en especial hombres adultos-- y el trabajo doméstico --en el caso de mujeres indígenas--.

   "A veces acudían coches que garantizaban a las madres unos estudios y un futuro para sus hijas en la ciudad. Se las llevaban pero no se volvía a saber nada de ellas. Esto se llevaba haciendo desde 2007, pero yo me di cuenta de ello en 2014", ha relatado.

PROCESO DE TRATA DE PERSONAS

   En el proceso de trata de personas, según ha señalado Quintana, trabajan en conjunto dos o más cárteles del narcotráfico, lo que complica aún más su localización. Además, ha denunciado "una falta de interés" en localizar a los desaparecidos, "probablemente vinculada con los testigos" y en muchas ocasiones alegan que existe "una falta de recursos".

   El trabajo de Aleida Quintana, que se ha centrado en especial en la denuncia de esta situación y en el acompañamiento psicosocial a las familias, en especial de las mujeres víctimas del feminicidio, le ha provocado sufrir amenazas y agresiones.

   Las amenazas comenzaron en 2013 "en persona por parte de servidores públicos". Además, también las sufrió "vía telefónica, por mensajes de texto y Facebook" e incluso llegaron a borrarle bases de datos.

"CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO" DE LOS MEDIOS

   Posteriormente, en 2015, comienza a tener escolta pero "las amenazas y agresiones no cesan". Además, los medios de comunicación comienzan una "campaña de desprestigio" contra su trabajo por parte de servidores públicos, según ha narrado.

   En 2017 huye del Estado de Querétaro después de que el cargador del arma de uno de sus escoltas fuese robado y en enero de 2018 sufre la última agresión física cuando dos individuos la golpean con un tubo por la espalda.

   Según ha explicado, es en ese momento cuando decide acogerse al Programa de Protección Temporal de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional por el que lleva casi un año en España. En estos momentos está pensando en volver a México. "En caso de volver, pediríamos que se nos garantizase la seguridad", ha afirmado.

OPTIMISMO ANTE EL CAMBIO DE GOBIERNO

   Sin embargo, Aleida Quintana se ha mostrado optimista con el cambio del gobierno federal de México y los primeros meses del mandato de Andrés Manuel López Obrador, ya que ha asegurado que el cambio de presidencia "ha marcado un antes y un después", en especial en la localización de desaparecidos y en la detención de feminicidas.

   Además, ha apuntado como retos del nuevo Gobierno el poder de los cárteles del narcotráfico y los vínculos de éstos con las autoridades, en especial a nivel estatal. "Ahora por lo menos hay posibilidades de que vigilen los recursos a nivel federal, pero tiene que haber también acompañamiento internacional", apuntó.

BIOGRAFÍA

   Aleida Quintana es la fundadora del Grupo Interdisciplinario por la Equidad 'T'ek'ei', que da acompañamiento a familias de niñas, mujeres y hombres desaparecidos, víctimas de la trata de personas y de feminicidios en Querétaro.

   La activista ha llegado a España a través del programa de Protección Temporal de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, que fue creado en 1998 y desde ese momento ha acogido a más de 40 familias.

   Este programa les proporciona durante un año la oportunidad de poder continuar con su trabajo en defensa de los derechos humanos sin riesgo para su vida o su integridad física.

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