Publicado 24/10/2023 16:04

El acuerdo PSOE-Sumar incluye un Plan contra el calor para climatizar colegios y residencias de mayores

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, aplauden tras firmar un acuerdo para un Gobierno de coalición progresista, en un acto públic
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, aplauden tras firmar un acuerdo para un Gobierno de coalición progresista, en un acto públic - Eduardo Parra - Europa Press

   Apuestan por elevar 13 puntos la propuesta de reducción de CO2 en 2030 respecto al borrador de la revisión del PNIEC, que ahora está en el 32%

   MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

   PSOE y Sumar se han comprometido a aprobar un Plan contra el calor para adaptar los centros educativos al cambio climático y, en el ámbito de las residencias para personas mayores, garantizar espacios de interior y exterior adaptados a las condiciones climáticos.

   En el espacio universitario, las formaciones aseguran que desarrollarán planes estratégicos y Campus Verdes como parte de la sostenibilidad urbana.

   Así lo refleja el nuevo acuerdo de Gobierno de coalición, consultado por Europa Press, presentado este martes 24 de octubre por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la líder de Sumar, Yolanda Díaz.

   "Vamos a hacer algo imprescindible, climatizar los centros escolares y las residencias de mayores", ha firmado la líder de Sumar durante la presentación del acuerdo de Gobierno de coalición.

   En este contexto, PSOE y Sumar desarrollarán también la Estrategia de Adaptación al Cambio climático para incorporar respuestas para el calor extremo y recurrente, con el objetivo de" garantizar a cualquier persona la máxima protección ante los episodios climáticos extremos que se están normalizando y proteger a la población más vulnerable".

   Así, resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista en línea con el RDL 4/2023, así como la alerta por ola de calor en el ámbito de la salud pública. También consideran fundamental la bioclimatización de los centros públicos, para convertirlos en entornos seguros, saludables, verdes y sostenibles.

   En el apartado 'Una agenda verde para garantizar la sostenibilidad de hoy y de mañana', el documento apuesta por impulsar una transición ecológica justa, incrementando el liderazgo de España en este ámbito, y acompañando a trabajadores y comunidades para la diversificación y reactivación de sus economías.

   Para ello, continuarán impulsando medidas para descarbonizar la economía y hacerla más circular y sostenible en el uso de recursos naturales, así como respetuosa con la naturaleza, mediante una política industrial verde que impulsará la transformación y modernización de los sectores económicos, aprovechando las nuevas posibilidades que ofrecen la ciencia y la tecnología.

   Un eje esencial de la política industrial será, según recoge el texto, la Estrategia 'España, Potencia Industrial Verde', promoviendo la reindustrialización de España, el refuerzo de capacidades productivas y la cadena de valor asociada a la transición energética, y el aumento del empleo de calidad mediante el impulso de las oportunidades que ofrece la transición energética, en el contexto de revisión de la globalización que se está produciendo.

   En este sentido, PSOE y Sumar quieren desplegar la hoja de ruta de gestión sostenible de las materias primas para reforzar la autonomía estratégica española y europea en esta transición.

   En el acuerdo consta una revisión de los compromisos climáticos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética "para aumentar su ambición". "España realizará la contribución que le corresponda para cumplir con el objetivo de un 55% de reducción de emisiones en 2030 y además trabajará para alcanzar en dicha fecha el 48% de energía renovable sobre el uso final de la energía, un 81% de energía renovable en la generación de electricidad y presentar emisiones netas nulas en 2050", detalla.

   Este pacto elevaría en 13 puntos porcentuales la propuesta actual del borrador del Plan Integrado de Energía y Clima, pendiente de aprobación, al pasar del 32% al 55% en 2030.

   Tal como se contempla en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, elaborará una nueva Estrategia de Transición Justa en 2024, identificando las oportunidades y desafíos de la transición ecológica a abordar en los próximos cinco años. La estrategia identificará además las responsabilidades de las diferentes administraciones y ministerios, los instrumentos de implementación. A este fin, reforzarán el Instituto de Transición Justa.

   El documento también recoge impulsar las energías renovables mediante la simplificación y agilización de los trámites preservando la protección e integración ambiental, patrimonial, social y territorial y promover las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo. Para ello, marca como prioridad la rehabilitación de viviendas para mejorar la eficiencia energética.

TRASLADAR EL BENEFICIO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES A LOS CONSUMIDORES

   Ambas formaciones también se han comprometido a trasladar el beneficio de las energías renovables a los consumidores, "abaratando la factura eléctrica para hogares y empresas, con una mayor equidad y seguridad de suministro, al tiempo que se proporcionan las señales adecuadas para atraer inversiones".

   Igualmente, impulsarán el establecimiento de una Comisión Nacional de la Energía, un organismo regulador especializado que cuente con los recursos adecuados "para abordar la necesaria modernización de la regulación para preparar el sistema energético para el objetivo de neutralidad climática". También reforzarán sus capacidades de inspección y seguimiento del cumplimiento de la normativa energética por parte del conjunto de actores.

   En las subastas futuras que se realicen para fomentar la instalación de generación eléctrica renovable y respetando la normativa comunitaria, reservarán una cuota específica para instalaciones renovables de pequeño tamaño, las promovidas por entidades locales, ciudadanas y/o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad, y tendrán en cuenta criterios de sostenibilidad e impacto de la cadena de valor.

   Los partidos que lideran Pedro Sánchez y Yolanda Díaz apostarán por el despliegue racional del hidrógeno renovable "atendiendo a su viabilidad técnico-económica y al potencial internacional de España en el desarrollo y producción de este vector energético, destinándose a procesos de difícil electrificación (ciertos usos industriales, transporte pesado terrestre, aviación, transporte marítimo).

   También revisarán y desplegarán la estrategia contra la Pobreza Energética, reforzando los instrumentos de protección a los consumidores vulnerables. En el marco de esta estrategia, los agentes competentes en materia de servicios sociales y consumo, en colaboración con las entidades sociales, llevarán a cabo los planes necesarios con el objetivo de, al menos, duplicar el número de hogares acogidos al bono social eléctrico.

CIERRE DE NUCLEARES "SEGURO, ORDENADO Y JUSTO SOCIALMENTE"

   Respecto a las centrales nucleares, ambas formaciones defienden hacer un cierre de las nucleares "planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa".

   El acuerdo también recoge la aprobación del 7º Plan General de Residuos Radioactivos, que integrará las necesidades para la gestión de residuos radioactivos y las futuras necesidades en el desmantelamiento ordenado y progresivo de las centrales nucleares; y la actualización de la Ley de Aguas, blindando el derecho ciudadano de acceso al agua y su gestión en clave de emergencia climática.

   Si gobiernan, promoverán un Programa Nacional antidesertificación; impulsarán una Estrategia nacional contra incendios de nueva generación; definirán planes territoriales de conservación y restauración ambiental para territorios y comarcas con alto impacto a causa del cambio climático (Doñana, Mar Menor, Delta del Ebro, la Mancha Húmeda o los territorios insulares); culminará el desarrollo de la Ley de Residuos; y retomarán la Ley contra el Desperdicio Alimentario.