MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
Ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza o control de los medios de comunicación forman parte de las "atrocidades" cometidas en las últimas semanas por el Gobierno de Daniel Ortega, según un informe de Amnistía Internacional que acusa a las autoridades de "volverse contra su propia gente" y que cifra en 81 el número de personas fallecidas en el marco de las manifestaciones.
Las protestas comenzaron el 18 de abril para criticar la reforma de la seguridad social promovida --y retirada posteriormente-- por Ortega y han evidenciado una serie de tácticas represivas. Según Amnistía, el presidente y su esposa y 'número dos', Rosario Murillo, "demonizaron" a los manifestantes y negaron que se hubiese matado gente mientras otras autoridades negaban atención a las víctimas o manipulaban pruebas.
Hasta el 28 de mayo, al menos 81 personas habían muerto, 868 habían resultado heridas y 438 habían sido detenidas por la represión, ha recogido la ONG en su informe 'Disparar a matar: Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua'. El documento se basa en una visita al país centroamericano realizada entre el 2 y el 13 de mayo y elaborado a partir de más de 30 entrevistas y 16 casos específicos, entre ellos nueve homicidios.
El uso de armas letales por parte de la Policía, la trayectoria de los disparos, la concentración de heridas de bala en cabeza, cuello y pecho y los intentos de obstaculizar las investigaciones evidenciarían un patrón en el que tanto las fuerzas de seguridad como los grupos paramilitares --'turbas sandinistas'-- son sospechosos de haber perpetrado ejecuciones extrajudiciales.
La directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas, ha advertido de que, a tenor de los datos, "las autoridades nicaragüenses se han vuelto contra su propia gente en un ataque cruel, sostenido y con frecuencia letal a sus derechos a la vida, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica". El Gobierno, ha añadido, "ha tratado descaradamente de encubrir estas atrocidades, violando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación".
Guevara ha instado a las autoridades a "dejar de inmediato de reprimir a las personas que se manifiestan" y respetar su derecho a criticar las políticas que adopte el Gobierno.
Según la responsable de la ONG, en lugar de "criminalizar" a los manifestantes, el Ejecutivo nicaragüense debería promover una investigación "inmediata, imparcial y efectiva" de los posibles abusos y, llegado el caso, "formular cargos contra todas las personas que sean sospechosas de cometer u ordenar ejecuciones extrajudiciales o uso excesivo de la fuerza, así como otras violaciones graves de Derechos Humanos y crímenes de Derecho Internacional".
ESCALADA DE VIOLENCIA
La lista de abusos documentada por Amnistía va desde la violación del derecho a la información --con el bloqueo de cuatro canales de televisión-- a la negativa de al menos tres hospitales públicos de atender a personas heridas en las protestas como Álvaro Conrado, de 15 años, tiroteado cuando daba agua a los manifestantes y fallecido horas después en un centro privado.
La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, ha denunciado en declaraciones a Amnistía que las fuerzas de seguridad empezaron lanzando pelotas de goma el 18 de abril pero ya al día siguiente "hubo varios muertos". Entonces, ha denunciado, Ortega "pudo haber parado la represión", pero no lo hizo y la Policía comenzó a utilizar fuego real de forma indiscriminada: "La orden era a matar".
El 20 de abril, Juan Carlos López y Nelson Tellez recibieron disparos en el pecho cuando caminaban por Ciudad Sandino, donde se estaba celebrando una protesta. Juan Carlos murió en el hospital ese mismo día, mientras que Nelson vivió hasta el 2 de mayo y contó antes de morir a su esposa que el hombre que le disparó era un miembro de la Policía que vestía de paisano.
Amnistía Internacional también ha documentado en su informe varios casos en los que las autoridades bloquearon las autopsias de fallecidos en las protestas y condicionaron la entrega de sus cadáveres a sus familias a cambio de que estas se comprometiesen a no formular denuncia alguna. Varios familiares también han hablado de amenazas y acosos por parte de la Policía para evitar posibles investigaciones.
Erika Guevara Rosas ha aplaudido que, pese a este "despiadado trato" y el "desprecio (de las autoridades) hacia quienes osan plantarles cara", la "valerosa población de Nicaragua ha demostrado que no dejará que la silencien".