Actualizado 27/09/2018 08:50

4 años y 43 desaparecidos, una noche de septiembre sin fin en Ayotzinapa

A woman from a civil organization holds a poster as she takes part in a protest
REUTERS / HENRY ROMERO
     

   CIUDAD DE MÉXICO, 26 Sep. (Notimérica) -

   Miles de jóvenes abarrotan las calles del centro de la capital mexicana. Claman por cambios, atención, verdad, seguridad, justicia. Es 14 de septiembre de 2018, y hace unos días un grupo de pandilleros irrumpió en la Universidad Nacional de México (UNAM) e hirió a varios compañeros que participaban en una protestas pacífica.

   Los atacantes eran "porros", esos grupos clandestinos que obedecen órdenes de "autoridades universitarias y el Gobierno". El enésimo método de las altas esferas para sembrar el miedo y amedrentar el fervor de la juventud por conseguir un mundo mejor, y la enésima razón por la que, sin miedo, los mexicanos salieron a la calle.

   En medio de Ciudad de México, en plena concentración, se hizo el silencio y se levantaron los puños en alto: el gesto elegido por los equipos de rescate mexicanos tras el terremoto del 19 de septiembre para escuchar a los posibles supervivientes. Esa tarde, sin embargo, cuando solo se escuchaban las respiraciones de los presentes, el silencio se rompió para escuchar a los que no sobrevivieron.

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   Una numeración, la del 1 al 43, se entonó con fuerza en Ciudad de México. El número que persigue sin descanso a la sociedad mexicana. La cifra del horror, de la vergüenza, la corrupción, el dolor y la muerte. El número de estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa hace este miércoles cuatro años, el 26 de septiembre de 2014.

LOS HECHOS

   La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala (Guerrero), como el resto de instituciones educativas normalistas del estado, es un foco de lucha social asociado a la izquierda. De sus muros y paredes cuelgan retratos del 'Che' Guevara, de Fidel Castro, o de icónicas figuras como las de Lucio Cabañas o Genaro Vázquez. Sus estudiantes han protagonizado a lo largo de las últimas décadas docenas de protestas y manifestaciones, así como de enfrentamientos con la policía.

   A finales del mes de septiembre de 2014, los normalistas de Ayotzinapa tenían previsto viajar hasta Ciudad de México para acudir a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre, en las que precisamente se recordaría la matanza que acabó con más de 200 personas, así como con miles de heridos a manos de la fuerzas de seguridad en el año 1968 tras una protesta estudiantil. Para llegar hasta ahí, los normalistas de Ayotzinapa habían secuestrado varios autobuses y pretendían apoderarse de algunos más en la ciudad de Iguala.

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   Desde 2012, José Luis Abarca Velázquez, del Partido Revolución Democrática (PRD), ejercía de alcalde. Tanto él como su esposa, María de los Ángeles Pineada, estaban ligados al grupo criminal Guerreros Unidos, el cual les ofrecería protección. Además, dos de los hermanos de Pineda estaban relacionados con el Cártel de los Beltrán Leyva y se había visto involucrada en varios delitos. Sin embargo, ninguno de los dos estaba en ese momento envuelto en un proceso legal, ni pesaba sobre ellos ninguna sentencia judicial.

   La noche del 26 de septiembre, pasadas las 21.00 (hora local), los autobuses en los que viajaban los estudiantes fueron interceptados por la policía. Los jóvenes decidieron bajar del vehículo y tratar de empujarlo fuera del camino para ocultarlo de los agentes, los cuales se enfrentaron a los estudiantes y finalmente abrieron fuego. Los normalistas comenzaron a huir en desbandada, escondiéndose entre los cerros, en los autobuses que estaban parados o en los alrededores. Uno de ellos resultó directamente fallecido.

   Otro autobús de estudiantes, avisado por compañeros que se encontraban en el lugar de los hechos, acudió a socorrer a los jóvenes, siendo interceptados igualmente por la policía y obligados a bajar del vehículo. En ese momento, pasadas las 23.00 horas, un grupo armado llegado de repente comenzó a disparar ráfagas en su contra, matando a dos alumnos y provocando otra desbandada de los ahí presentes. Un tercer autobús, que no estaba ligado a los estudiantes, fue atacado casi al mismo tiempo por miembros del mencionado grupo armado, presuntamente por equivocación, lo que provocó la muerte de otras tres personas.

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   La mañana del 27 de septiembre, México levantó con la noticia de la muerte de ocho personas y la desaparición de 43 estudiantes. El cadáver de uno de los fallecidos, el estudiante Julio César Mondragón, apareció en las inmediaciones del lugar con la cara desollada. Las primeras voces comenzaron a acusar al alcalde de Iguala, quien negó los hechos e incluso afirmó haber solicitado a las autoridades que no arrestaran a los normalistas. Sin embargo, poco a poco los testimonios de varias personas ligadas a los Guerreros Unidos comenzaron a señalar al matrimonio con fuerza.

   Asimismo, el 30 de septiembre, José Luis Abarca Velázquez solicitó un permiso para ausentarse de su cargo durante un mes, tras lo que desapareció con su esposa hasta que fueron 'capturados' en noviembre. Finalmente, el 7 de noviembre se harían públicas las declaraciones de algunos miembros detenidos del cártel de Guerreros Unidos, quienes confirmaron haber perpetrado el crimen conjunto con las fuerzas municipales.

ESCÁNDALO

   El presidente de México, Enrique Peña Nieto, no hizo declaraciones sobre el caso hasta el día 6 de octubre, después de que organizaciones, como Naciones Unidas (ONU), condenasen los hechos. Miles de estudiantes y ciudadanos de todo el país celebraron manifestaciones de repudio hacia Peña Nieto, a quien acusaron de no saber gobernar el país, invadido por la corrupción, y de no dar importancia a lo ocurrido. Su popularidad cayó por los suelos, especialmente después de que en el marco de la investigación de los hechos, llena de irregularidades, se descubrieran decenas de fosas comunes clandestinas.

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   El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un equipo internacional de expertos que fueron llevados a México para la investigación de los 43 desaparecidos, indicó poco antes de entregar la última parte del informe sobre los hechos que no tenían una conclusión real por haber estado sometidos de manera constante a una campaña sistemática de acosos, evasivas e intimidación por parte de los medios de comunicación, el Gobierno de México y funcionarios.

   El intento de Peña Nieto por defender a su Gobierno y a las instituciones ha sido en vano. "La resolución confirma lo que los supervisores internacionales ya habían demostrado: que la investigación de Ayotzinapa fue una farsa", dijo Daniel Wilkinson, de Human Rights Watch. Nuevamente, la impunidad impera en el país azteca y las protestas han continuado y los 43 estudiantes desaparecidos en ningún momento han dejado de estar presentes en la conciencia de los mexicanos.

   A pesar de ello, el Gobierno de Peña Nieto afirma haber cooperado completa y plenamente en las investigaciones sobre los hechos. Incluso, en uno de sus últimos videos oficiales como presidente del país --tras la elección de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como nuevo mandatario--, Peña Nieto defendía la "verdad histórica" sobre lo ocurrido, una versión que defendía la actuación de la PRG, altamente cuestionada.

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   "La investigación, ahí está, evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la PRG, en donde había evidencias claras y contundentes de que, muy lamentablemente, los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero", dijo públicamente Peña Nieto, concluyendo que "en lo personal, y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó, justamente, lo que la investigación arrojó".

   El pasado mes de julio, los estudiantes y compañeros de los 43 normalistas que sobrevivieron al ataque se graduaron, conviertiéndose en un grupo de profesores autoproclamados como 'Generación 26 de Septiembre 43 Semillas'. Continúan queriendo saber qué pasó con sus amigos y compañeros, la misma petición que hacen cada día todos los familiares de los estudiantes desaparecidos.

   Ahora, la esperanza de los allegados, familiares y supervivientes recae en Andrés Manuel López Obrador, quien este miércoles va a reunirse con ellos en el cuarto aniversario de los hechos. Todos ellos claman que, de no hacer nada, por lo menos que no se obstaculicen procesos independientes. Mientras, los cuerpos de los 43 estudiantes siguen sin aparecer.