BUENOS AIRES, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interpoderes, encargada de evaluar los procesos contra criminales de la dictadura argentina, ha denunciado este martes "injustificadas demoras" en los juicios por crímenes de lesa humanidad contra represores del último régimen militar (1976-1983).
Las dilaciones constituyen un "impedimento" para que los procesos "concluyan en un tiempo razonable". Como ejemplo, la comisión menciona la "excesiva prolongación y retraso" de las horas de debate en algunos juicios orales contra los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que comenzó en noviembre de 2009 y todavía no ha concluido.
Otro de los casos citados por la comisión es el juicio por los crímenes en el Servicio de Informaciones de la policía de Rosario --conocida como la causa Feced-- que comenzó en julio de 2010 ante el Tribunal Oral Federal número 2, sin que hasta la fecha se tenga un resultado judicial.
Ambas son consideradas unas "megacausas" porque están siendo procesadas una gran cantidad de personas --la mayoría militares de alto rango y funcionarios de la dictadura-- por la muerte y tortura de opositores en esos centros clandestinos.
La comisión --que conforman representantes del máximo nivel de los poderes Judicial-- ha exhortado a los jueces a cargo de esos procesos "imprimirle la mayor celeridad posible" de modo de no desvirtuar "lo que los tres Poderes del Estado Nacional han considerado como política de Estado", informa la agencia oficial Télam.
Igualmente consideran "imprescindible" que los magistrados agilicen las investigaciones y el inicio de los juicios orales y públicos que aún no tienen fecha, "procurando incluir en ellos la mayor cantidad de casos posibles, a los efectos de evitar su atomización, el desgaste de las partes".
Los miembros de la Comisión para la Agilización de las causas por delitos de lesa humanidad (Comisión Interpoderes) emitieron este pronunciamiento al concluir la reunión plenaria en la que analizaron el desarrollo de estos juicios que son seguidos muy de cerca por millones de argentinos y por el propio Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.