Actualizado 20/11/2006 18:42

Argentina.- Discapacitados demandan al municipio argentino de Pueyrredón adaptar sus transportes a este colectivo


MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo 30 de noviembre se cumple el plazo establecido por el Tribunal de Justicia de Mar del Plata para que el municipio argentino de Pueyrredón establezca un sistema de transporte gratuito para discapacitados motrices.

El fallo se produjo tras una denuncia presentada por Héctor Gómez contra este municipio y las empresas de transporte público ya que los discapacitados que utiliza sillas de ruedas no pueden utilizar los transportes públicos al carecer de condiciones adaptadas.

Las empresas demandadas tenían un plazo de dos años para habilitar sus vehículos --plazo que expiró sin cambio alguno-- mientras que los representantes empresariales se comprometieron a ofrecer la gratuidad de sus servicios para todos los discapacitados.

En este sentido, el juez Enrique Arbizu afirmó que "el hecho de que el cien por cien de los discapacitados dependientes de sillas de ruedas no tenga acceso al transporte público gratuito es más que suficiente para dar por acreditado el peligro en la demora, ya que esta situación implica la continua violación de derechos constitucionales incluidos en los Tratados Internacionales incorporados por la reforma de 1994".

Por estos motivos, la justicia establece que la Administración y las empresas de transporte deberán "realizar un censo de las personas con discapacidad motriz que dependan para movilizarse de silla de ruedas o en un cien por cien de una tercera persona, y en base al número que arroje éste último, entregar al municipio la cantidad necesaria de vehículos adaptados".

Según el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur de Mar del Plata, el número de discapacitados motrices es de 7.500 personas. La semana pasada, las autoridades municipales pusieron en circulación una flotilla cinco minibuses adaptados para discapacitados, aunque esta cifra resulta insuficiente para cubrir la demanda.

"No nos explicamos si esto significa, de alguna manera, evadir cumplir con la orden judicial. Vamos a esperar el plazo para ver si se cumple con lo acordado", afirmaron los denunciantes.