Argentina.- El Gobierno lanza una nueva ley para combatir los robos de cobre en los cables eléctricos y telefónicos

Actualizado 18/08/2006 22:13:50 CET

BUENOS AIRES, 18 Ago. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -

El Gobierno del presidente Néstor Kirchner impulsará una nueva legislación para regular la venta de materiales de cobre en el país y su eventual exportación como una forma de prevenir la actuación de bandas de delincuentes que se dedican a robar ese mineral.

El ministro de Interior, Aníbal Fernández, explicó que el Gobierno impulsará "una legislación adecuada" para regular la venta de cobre, luego que se conociera que en los primeros siete meses del año fueron robados 2.500 kilómetros de cables eléctricos y telefónicos".

Los principales damnificados por los robos son las compañías telefónicas y de electricidad, además de los clientes de esas empresas, que se ven afectados por cortes en el suministro de electricidad y en el servicio de telefonía.

Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, bandas organizadas se dedican al robo de cables eléctricos y de teléfonos para "recuperar" el cobre, que tienen en su interior y que obtienen después de quemar las fundas plásticas que lo recubren.

Fernández dijo hoy en declaraciones a la emisora local 'Radio Diez' que la ley para regular el comercio de cobre "está entrando al Congreso" y agregó que se trabaja "fuerte con dos cosas: una, lo que puede significar el delito propiamente dicho, y la otra es la prevención".

Señaló también que es necesario contar con la "legislación adecuada que impida la comercialización en el propio territorio y la exportación de la chatarra o de la aleación de cobre o de aluminio sin mostrar, en los dos casos, un certificado que demuestre la legalidad fiscal del origen de la mercadería".

Fernández admitió que los robos de cables generaron "complicaciones muy severas, no solamente en comunicaciones sino también en empresas de telefonía de cable, y además en trenes" y agregó: "nos parecía que era una propuesta formal y concreta por parte del Estado un cambio en la legislación que desalentara por completo la participación en el mercado de exportaciones y en el mercado interno".