Actualizado 22/08/2006 15:04 CET

Argentina.- La justicia impide practicar un aborto a una joven discapacitada embarazada tras una violación

BUENOS AIRES, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Segunda Cámara Civil de la provincia argentina de Mendoza ha impedido practicar un aborto a una joven discapacitada embarazada tras una violación, al acepotar un recurso de la ONG católica Vitam, por lo que el Gobierno provincial se vio forzado a postergar la intervención, proyectada para ayer en un hospital público.

Tras la medida, la madre de la joven, Ana Rosa Cazzoli, rompió el silencio que había guardado durante todo el trámite judicial y dijo que se siente "indignada" por las demoras en la resolución del caso, motivo por el que anunció que viajará hoy a Buenos Aires para pedir ayuda al ministro de Salud, Ginés González García.

La mujer cuestionó ayer la posición del gobernador, Julio Cobos, que se opone a la interrupción del embarazo, que había dicho que defiende la vida en todo sentido y que sus límites son los marcados por la Justicia y la ciencia con la opinión de los médicos sobre la salud de la embarazada.

"El caso de mi hija no puede quedar impune y si uno acude a la Justicia es porque esperamos que nos defienda y nos ayude. Para eso está. Un juez se expidió favorablemente, el ministro de Salud también, y todos estamos de acuerdo. Pero no pasó nada porque un grupo de gente sale a la calle a exponer sus ideas", criticó.

"A esa gente le digo que no se metan en lo que no les importa, y que si quieren hablar lo hagan con la verdad. No saben cuál es el problema real de mi hija", sentenció, en referencia al síndrome de Lennox-Gastaut de su hija que provoca discapacidad mental y frecuentes convulsiones.

DIFERENCIAS DE CRITERIO

La petición de la familia de la chica violada, de 25 años, dejó al desnudo diferencias de criterio en el seno del Gobierno de Mendoza. Mientras Cobos se mostró contra el aborto, el ministro de Salud, Armando Calletti, y la mayoría de sus funcionarios son promotores de la intervención y sostienen que se trata de una práctica médica.

El Ministerio de Salud había dispuesto todo para que la paciente, con 12 semanas de gestación, fuera internada en el hospital estatal Luis Lagomaggiore, donde se iba a realizar el aborto. Pero hace dos días un tribunal del alzada aceptó el recurso de amparo en oposición a la intervención en suspenso hasta resolver el fondo de la cuestión.

Además, la ONG Vitam consiguió apartar del caso al juez de familia Germán Ferrer, que había autorizado el aborto. Según la abogada de la organización, Laura Giunta, el juez había adelantado su opinión sobre el pedido de realizar el aborto antes de resolver por la vía judicial y, en consecuencia, "no corresponde que continúe con la causa".

El abogado de la familia, Dante Vega, mostró su preocupación por esta nueva demora, al cumplirse más de una semana de la presentación judicial que se hizo con carácter de "urgente porque corre peligro la vida de la madre". Ahora el caso quedó en manos del Segundo Juzgado de Familia de Mendoza, a cargo de la magistrada Carmen Ganga.

Por su parte, la abogada de la ONG católica advirtió a la Justicia de que "es claro el perjuicio que se produciría en caso de realizarse el aborto". "Se pulverizaría de manera definitiva el derecho a la vida de la persona por nacer", concluyó, según informa la prensa local, recogida por Europa Press.