BUENOS AIRES, 10 Dic. (Notimérica) -
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó el pasado mes de enero el 'Informe Mundial 2016', en el que se publica el análisis anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, donde se estudiaron más de 90 países y territorios de todo el globo. Con motivo de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, es necesario retomar el texto para determinar el estado de los países iberoamericanos.
En el reporte llama la atención la situación de 12 países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Dentro del análisis de cada país, cabe destacar los diferentes niveles a los que han sido analizados, ya sea impunidad en delitos judiciales, abusos militares, funcionamiento de la justicia, condiciones carcelarias, defensa de los Derechos Humanos y sus actores, libertad de expresión, violencia de género y derechos reproductivos, trabajo infantil y orientación sexual e identidad de género, entre otros temas.
Tras este informe, la región iberoamericana debe trabajar en la defensa de los Derechos Humanos, un ámbito en el que aún queda mucho camino para que organismos internacionales puedan reconocer el avance de los países en cuestiones tan básicas como la libertad de expresión, las ejecuciones policiales arbitrarias o los abusos gubernamentales.
SITUACIÓN EN ARGENTINA
HRW alerta de que en Argentina diversas leyes vigentes y proyectos legislativos amenazan la libertad de expresión, así como casos de acoso a jueces que ponen en riesgo la independencia judicial.
Además, las condiciones deficientes de reclusión en las cárceles, así como varios incidentes de un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por policías, sumado a violencia machista, hace que el debate público no deje indiferente a nadie.
No obstante, Argentina continua logrando avances significativos en materia de derechos del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), y en el enjuiciamiento de abusos cometidos durante el "terrorismo de estado" (1976-1983).
En lo que se refiere a la situación política, Argentina ha visto como en 2015, tras 12 años de 'kirchnerismo', Mauricio Macri tomó el poder de la Presidencia Argentina. Perteneciente a la coalición Cambiemos, Macri se impuso en la segunda vuelta de las presidenciales con un 51,44 de los votos.
El presidente electo tiene por delante diversos retos, como reactivar la economía del país que, según señalaba en octubre el Fondo Monetario Internacional (FMI), muestra "tendencias insostenibles" que este 2016 se traducirán en una recesión y en una mayor inflación que la de 2015, ya muy elevada.
IMPUNIDAD POR EL ATENTADO A LA AMIA
Después de 21 años, aún no hay condenados por el atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en 1994, en el cual perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas.
En enero, el fiscal a cargo de investigar el atentado, Alberto Nisman, fue hallado muerto en su vivienda con una única herida de bala en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado días después de que se presentase una denuncia penal contra la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y contra el canciller argentino, Héctor Timerman.
En noviembre, la justicia todavía no había determinado si Nisman fue asesinado o si se trató de un suicidio.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
Argentina cuenta con varios ejemplos de jueces que han sido hostigados por funcionarios y partidarios del Gobierno.
En febrero, la expresidenta Fernández de Kirchner reprendió a los jueces y fiscales que exigían una investigación rigurosa de la muerte de Nisman, acusándolos de formar parte de "un partido judicial" que pretendía "desestabilizar" al Gobierno.
JUICIOS POR ABUSOS DEL PASADO
Hasta junio de 2015, la justicia se había pronunciado en 142 delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que tuvieron como resultado 592 condenas.
Argentina ha logrado avances tanto en la identificación de hijos de personas desaparecidas durante la dictadura, así como en el reencuentro con sus familias biológicas (118 hasta noviembre de 2015).
Sin embargo, las demoras en los juicios, la captura pendiente de dos militares condenados prófugos desde 2013 y la falta de esclarecimiento del paradero de Jorge Julio López --torturado durante la dictadura y desaparecido en 2006-- hace que se sospeche de la justicia de este país.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
No existe una ley nacional que asegure el acceso público a la información en poder de organismos gubernamentales. El acceso público a información sobre el funcionamiento del Gobierno a nivel local, provincial y nacional sigue siendo esporádico.
ABUSOS POLICIALES
En ocasiones, miembros de las fuerzas de seguridad emplean excesivamente la fuerza contra manifestantes.
En agosto de 2015, decenas de manifestantes resultaron heridos cuando policías locales dispersaron una protesta, mayormente pacífica, en la provincia argentina de Tucumán, disparando balas de goma y golpeando con bastones a participantes.
CONDICIONES EN CENTROS DE DETENCIÓN
Actualmente, subsisten en las cárceles graves problemas de sobrepoblación, maltrato por parte de guardias, condiciones inadecuadas y violencia entre internos. Entre enero y septiembre de 2015 hubo 33 muertes y 17 de ellas en episodios violentos.
DERECHOS INDÍGENAS
La población indígena de Argentina se enfrenta a obstáculos en el acceso a la justicia, tierras, educación, atención de la salud y servicios básicos.
DERECHOS DE LA MUJER
El aborto es ilegal, salvo en casos de violaciones o cuando la vida de la mujer corre peligro.
Las mujeres argentinas también encuentran inconvenientes para acceder a servicios de salud reproductiva como anticonceptivos y esterilización voluntaria, algo que se traduce en embarazos no deseados, y su procesamiento penal por solicitar abortos --en algunas ocasiones--.
Los niveles de violencia de género continúan subiendo, algo preocupante tal y como se evidenció en las manifestaciones que tuvieron lugar en junio.
ORIENTACIÓN SEXUAL
En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio homosexual. Desde entonces, cerca de 12.500 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio en todo el país.