BOGOTÁ, 19 Mar. (Colprensa/Notimérica) -
El Gobierno Nacional ha hecho pública su preocupación por el aumento de cultivos ilícitos en el país, anunciando el incremento del pie de fuerza en 5.000 hombres para la erradicación manual, así como un plan piloto de sustitución de cultivos en Nariño.
No obstante, esto parecería ser lo único claro sobre la materia, pues la información completa sobre drogas no está disponible todavía y, mientras el Gobierno hace esos anuncios internos, pide en Europa un giro a toda la política antidroga.
El informe que alertó del nuevo incremento de los cultivos fue elaborado por la Oficina Nacional para el Control de las Drogas de la Casa Blanca. En él se indica que se pasó de 112.000 a 159.000 hectáreas cultivadas durante 2015.
Sin embargo, un informe distinto conocido en estos días, realizado por el departamento de Estado de los Estados Unidos, se dice, de manera textual, que los estimados de producción y cultivos del 2015 todavía no están disponibles.
Ese documento, disponible en la web oficial del departamento de Estado, afirma que se evidenció un incremento del 39% de las hectáreas cultivadas de coca, pasando de 80.500 en 2013 a 112.000 en 2014.
Dicho reporte fue el que utilizó el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, porque señala que el cambio de estrategia antidroga de Colombia para aumentar labores de interdicción, de sustitución de cultivos, entre otros, sería parte de un componente mayor del Gobierno para implementar un eventual acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia (FARC).
Así, el reporte del Departamento de Estado, sin cifras del 2015, habla de un incremento de cultivos en Nariño, Putumayo, Caquetá, Vichada, Vaupés, Cauca, Norte de Santander y el norte de Antioquia. Igualmente habla de una reducción importante en Guainía, Caldas, Santander, Amazonas, Guaviare, Meta y en el norte de Arauca.
De acuerdo con el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, con tal confusión de cifras, podría ser prematuro hablar de un aumento.
"Creo que tenemos que esperar a la información del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, que es una metodología pública e información confiable. Creo que cambiar la política en materia de drogas sin contar aún con la información es prematuro e incorrecto", aseguró.
Con todo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que sí hay un aumento, que se registra en Putumayo, Nariño, Cauca y Caquetá y que uno de los factores tiene que ver con "la expectativa que ha generado el programa de sustitución de cultivos".
Villegas señaló, como otros factores, que el sembrado de coca es ahora más productivo, por la devaluación del peso frente al dólar y el euro. "Pero igual el Gobierno, como siempre, tiene la voluntad y la decisión de combatir este problema", dijo.
En los anuncios del Gobierno Nacional también se encuentra el del ministro para el Posconflicto Rafael Pardo, quien indicó que se debe trabajar en la erradicación manual para reducir a la mitad los municipios que tienen coca. "Eso implica trabajar en 94 municipios que tienen menos de 100 hectáreas de cultivos de coca, con grupos de erradicadores del Ejército y la Policía Nacional".
La estrategia anunciada por Pardo incluye sacar la coca de 16 parques nacionales naturales y hacer una política de restitución con cerca de 25.000 productores de coca en diez municipios que representan el 42 por ciento de los cultivos.
Esto motivó una intervención que comenzará en Sandoná, La Florida, Ancuyá, Leiva, Santa Cruz, El Tambo, El Peñol, La Llanada, Francisco Pizarro, La Tola, Ricaurte, Los Andes y Tumaco, en Nariño, siendo este último en lugar en donde se presume que hay unas 10.000 hectáreas y el 14 por ciento de los cultivos del territorio nacional.
De acuerdo con el reporte del Departamento de Estado, en 2015, antes de terminar la aspersión aérea con glifosato, en el país se erradicaron de esta manera 36.494 hectáreas y 12.611 de manera manual.
No obstante, Colombia sigue siendo el segundo proveedor de heroína para el mercado de Estados Unidos y, asegura el informe, en 2014 el estimado era de 800 hectáreas cultivadas de opio. Pero, una vez más señala que "los estimados de producción y cultivo de 2015 no estaban todavía disponibles".
¿QUÉ HACER?
De acuerdo con Restrepo, no solo sería necesario esperar la información que hace falta sobre cultivos, sino tener claros los datos de precio de consumo en Estados Unidos, Europa y Colombia y las cifras de incautaciones de droga en Estados Unidos y Colombia, para hacer una política antidroga más clara.
"Muchas personas en el Gobierno están hablando de cultivos ilícitos. Existe un consenso de que tenemos que cambiar la política antidroga, porque es muy costosa y de efectividad reducida, pero creo que todavía no conocemos cuál va a ser", señaló.
A esto se suma la posición oficial del Ministro de Justicia, que esta semana estuvo en Viena (Austria), clamando por un giro en la política antidroga que no incluya cárcel para los eslabones más débiles de la cadena: pequeños cultivadores, las personas que son descubiertas transportando pequeñas cantidades de droga y los consumidores.
Según indicó, esto no combate la estructura del narcotráfico y en cambio sí tiene en prisiones a 14.200 colombianos en el mundo, 128 de ellos pagando cadena perpetua y 15 con condenas a muerte. Además, en América Latina, entre el 2006 y 2011, la población carcelaria femenina ha pasado de 40.000 a más de 74.000 por delitos de drogas.
¿APLICAR YA EL ACUERDO SOBRE DROGAS ILÍCITAS?
El analista y director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, estimó que para empezar a zanjar estas realidades se debe aplicar desde ya el acuerdo al que se llegó con las FARC en La Habana, sobre narcotráfico, aún si no se ha firmado el acuerdo final.
"Mi recomendación es que la empiecen a aplicar ya. Que se haga un acuerdo en zonas con las FARC, las plataformas campesinas más grandes, la Coordinadora Nacional Agraria, con los campesinos cocaleros, para empezar la sustitución de cultivos", dijo.
De acuerdo con Valencia, esto podría ser muy eficaz, porque allí se estableció el pago de dos salarios mínimos para campesinos durante dos años, mientras se encuentra un proyecto productivo y hay una política de incentivos y acuerdos sociales.
"Entonces, si conjuntamente con las FARC y con organizaciones agrarias, el Gobierno va y empieza a aplicar estas cosas, estoy convencido de que se empezarían a reducir los cultivos de manera sustancial y serviría de muro de contención frente a las bandas criminales, que ahora están copando las zonas de la guerrilla", aseguró Valencia en referencia a El Catatumbo, Putumayo y Nariño.
No obstante, para Jorge Restrepo, esta posibilidad es "una pésima idea", porque el Acuerdo alcanzado con las FARC no se podría implementar hasta que no haya un cese al fuego bilateral y definitivo. Porque supone que gran parte de las labores a las que se van a dedicar los desmovilizados, sino los líderes de las FARC, es a trabajar en contra de la droga de uso ilícito", señaló.
El acuerdo alcanzado básicamente tiene tres componentes: un programa para la sustitución de cultivos y desarrollo alternativo y un Plan de Atención Inmediata y Desarrollo de Proyectos Productivos para garantizar el sustento y la seguridad alimentaria de los cultivadores. Este programa depende para su éxito de un Programa de Desminado y limpieza de áreas del territorio nacional afectadas por minas antipersonal y municiones sin explotar, de manera especial de los territorios donde se adelante el programa de sustitución.
El otro eje del acuerdo tiene que ver con el consumo de drogas ilícitas. Se acordó crear un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas y un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas, que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social.
Igualmente, el acuerdo alcanzado habla de crear una estrategia integral para reforzar y ampliar la lucha contra el crimen organizado, en especial en las regiones, así como en el enfoque de una nueva estrategia de política criminal, de lucha contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos en todos los sectores de la economía, así como una nueva estrategia de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico.