MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, al frente del cual se encuentra Ione Belarra, ha enviado una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, en la que muestran su "sorpresa" ante la acusación de los obispos de "ensuciar" la labor de la Iglesia y en la que le advierten de que "la Iglesia católica española está lejos de cumplir los compromisos exigidos por el Papa".
"La Iglesia católica española está lejos de cumplir con los compromisos exigidos por el Papa Francisco. A diferencia de otros países europeos donde se han llevado a cabo investigaciones independientes, España no ha investigado aún en profundidad el problema de pederastia en el seno de su Iglesia. Parece evidente que, de hacerlo, los datos se asemejarían a los de otros países europeos", se puede leer en la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Según se precisa en la misiva, "el Papa Francisco se ha mostrado en los últimos años especialmente beligerante contra esta lacra, llegando a exigir la renuncia de los obispos que encubren estos casos", por lo que muestra su "sorpresa" por el enfado de los obispos ante las declaraciones de Belarra, quien acusó a la Iglesia católica de haber sido "cómplice con la violencia sexual hacia los niños".
El departamento que dirige Belarra recuerda que, según una investigación reciente de la Iglesia católica en Francia, se han identificado hasta el momento en torno a 3.000 víctimas de abusos sexuales en el país galo, una cifra que calculan podría aumentar hasta, al menos, 10.000.
En el caso de España, según precisa el Ministerio, el periódico El País ha llegado a contabilizar "306 casos y 816 víctimas, mencionando a 25 obispos, arzobispos y abades, miembros todos ellos de la jerarquía eclesial española, que han sido conocedores y encubridores de casos de agresiones sexuales a menores de edad por miembros de la Iglesia, entre ellos, el señor Antonio María Rouco Varela".
Además, el Ministerio añade que la Fiscalía General del Estado, en el año 2019, reclamó también a la Iglesia católica española "que dejase de filtrar las sospechas de abusos sexuales que le llegan y las comunique directa e inmediatamente a las autoridades competentes", y acusa a la Iglesia de no hacerlo. "Es algo que, por el momento, sigue sin ocurrir", indican en el escrito remitido al cardenal Omella.
Por todo ello, el departamento encabezado por Ione Belarra considera "plenamente ajustadas a la realidad" las declaraciones expresadas por la ministra el pasado jueves cuando defendió la ley de protección a la infancia, aprobada en el Congreso, frente a una "Iglesia católica que ha sido cómplice demasiadas veces con la violencia sexual hacia los niños".
Finalmente, el Ministerio ruega "encarecidamente" al presidente de los obispos que "ponga fin de inmediato" a la situación descrita "con el objetivo de garantizar el derecho de los niños y las niñas a una vida libre de cualquier tipo de violencia, segura y feliz".
"En nuestra opinión, es precisamente la Iglesia católica, por respeto al trabajo desinteresado y de inestimable valor que realizan miles de católicos y católicas por amor a su prójimo cada día en nuestro país, la principal interesada en que todos los casos de agresiones sexuales se conozcan, así como que los agresores sean juzgados y las víctimas reparadas", zanja.