Actualizado 21/06/2015 19:53

Brasil dividido ante la posibilidad de que los adolescentes de 16 años vayan a la cárcel

Cárcel ubicada en la frontera entre Bolivia y Brasil
Foto: REUTERS.

   RÍO DE JANEIRO, 21 Jun. (Notimérica) -

   Brasil asiste en las últimas semanas a un acalorado debate sobre la reducción de la mayoría de edad penal de los 18 a los 16 años para que los adolescentes que cometan crímenes vayan a la cárcel; mientras que los partidarios defienden que deben ser tratados como adultos, los detractores señalan que la solución no está en el castigo sino en la prevención y en la educación.

   La reducción de la mayoría de edad penal es un asunto espinoso en Brasil y hay intentos para que sea rebajada desde hace más de 20 años, aunque hasta ahora siempre habían acabado en un cajón en el Congreso.

   Pero esta vez es diferente, el Gobierno, que es contrario a la medida, está en minoría, y en la Cámara de los Diputados tiene mucho peso la denominada 'bancada da bala', el grupo de diputados conservadores ligados a los intereses de la industria armamentística, que están a favor de la reducción.

   Los que defienden la medida consideran que equiparar las penas a los de los adultos frenará la delincuencia y acabará con la impunidad, y esgrimen con frecuencia casos muy aireados por la prensa, como el apuñalamiento de un ciclista en Río de Janeiro o la violación y el asesinato de tres niñas en Piauí, todos ellos presuntamente cometidos por menores de edad que como mucho pasarán tres años en centros de internamiento.

   Pero los detractores se aferran a los datos para desaconsejar cambios en la ley, ya que argumentan que esos crímenes son casos aislados, porque los jóvenes de entre 16 y 18 años son responsables del 0,9% de los delitos cometidos en Brasil, un porcentaje que cae al 0,5% si se consideran homicidios e intentos de homicidio, según la Secretaría Nacional de Seguridad Pública.

   Además, organizaciones como Amnistía Internacional, UNICEF, Humans Rights Watch o la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que llevar a los jóvenes a las cárceles brasileñas, centros normalmente masificados donde abunda la violencia y las torturas, no contribuye en ningún caso a la reinserción, sino todo lo contrario, y apuntan estudios que revelan que el 70% de los que salen de la cárcel reinciden, frente al 20% de reincidencia con medidas socioeducativas.

ROUSSEFF EN CONTRA.

   La presidenta Dilma Rousseff se ha mostrado en diversas ocasiones contraria a modificar la ley y como alternativa ha propuesto aumentar las penas para los adultos que inciten a los menores a cometer crímenes y modificar el Estatuto del Adolescente y del Niño, que hasta ahora prevé penas de tres años, sin distinguir el delito, para que las penas vayan en proporción al crimen cometido.

   Los intentos del Partido de los Trabajadores (PT) de detener el proceso parecieron surtir efecto dentro del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), ya que el gobernador del Estado de São Paulo, Geraldo Alckim, se mostró dispuesto a estudiar alternativas. A pesar de los gestos y de que el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, también del PSDB, es contrario a la reducción los diputados de este partido votaron a favor en la comisión de esta semana.

   Además de la presidenta, notables personalidades del mundo del arte y la cultura se ha posicionado en contra, como el compositor y cantante Chico Buarque, que lució una camiseta de la campaña 'Redução não é a solução'. Las acciones de los movimientos de izquierda para detener el avance de la reducción son constantes; el pasado fin de semana diversos colectivos organizaron en Río de Janeiro el 'Amanecer contra la reducción', con decenas de conferencias, talleres, obras de teatro y conciertos --la mayoría protagonizados por jóvenes-- para concienciar a la población.

   Sin embargo, las encuestas de opinión exhiben una abrumadora mayoría a favor de la reducción: según en 2013 el instituto CNT/MDA preguntó a la población y el 92,7% de los brasileños aseguraron estar a favor de la medida, un porcentaje que se eleva al 93% en el caso de los habitantes de estado de São Paulo, según datos de Datafolha.