MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una nueva edición de la encuesta Racismo y violencia contra los quilombos --africanos y africanos descendientes que escaparon de la esclavitud y crearon comunidades-- en Brasil ha sido publicada este viernes y muestra que el promedio anual de asesinatos prácticamente se ha duplicado en los últimos cinco años, en comparación con el período de 2008 a 2017.
El estudio, realizado por la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Rurales Quilombolas Negras (Conaq) y Terra de Direito, se ha mostrado tan solo tres meses después del asesinato de María Bernadete Pacífico, Madre Berandete, del Quilombo de Pitanga dos Palmares, que no ha sido incluida en el estudio, según ha informado la Agencia de Brasil.
Para 2023, hay un recuento preliminar de siete muertes. Las investigaciones han mostrado que, entre 2018 y 2022, hubo 32 asesinatos en 11 estados y, según el estudio, las principales causas de estos ataques fueron los conflictos por la tierra y la violencia de género.
Al menos 13 quilombolas fueron asesinados en el contexto de los combates y la defensa del territorio, por lo que las entidades pretenden entregar el estudio a las autoridades Ejecutivas federal y estatal y a las secretarías de Justicia estatales, además de los poderes Legislativo y Judicial a partir de este viernes.
En la primera edición de la investigación (2008 a 2017), se ha hecho un mapeo de 38 asesinatos ocurridos en el período de esos diez años. El promedio anual de asesinatos, que era de 3,8, ha pasado a ser de 6,4 por año y, en tan solo 15 años, 70 quilombolas han sido asesinados.
UNA ESTRUCTURA RACISTA EN BRASIL
Según una de las investigadoras, la socióloga Givânia Maria da Silva, coordinadora del colectivo nacional de educación del Conaq, la encuesta se ha realizado en el terreno en las propias comunidades, por lo que ha mostrado que las cifras van más allá de lo informado por los medios y reflejan una estructura racista en la sociedad brasileña.
La cuestión de la tierra en Brasil es fundamental para la discusión, han afirmado las entidades de investigación. "Cuando hablamos de política agraria, vemos hasta qué punto esta cuestión está impregnada de racismo. En Brasil, la impresión que tengo es que hablar de tierras, con negros como propietarios, parece aún más serio", han enfatizado.
El coordinador de Terra de Direito, Darci Frigo, ha destacado que las manifestaciones de racismo estructural e institucional son el telón de fondo de la violencia y ha añadido que la lentitud del proceso de regularización de tierras hace que aumente la violencia, por lo que es necesario que la gestión pública actúe tanto en el combate a la violencia como en acciones para garantizar derechos: "No tener políticas públicas genera más violencia".
Los estados de Maranhão (9), Bahía (4), Pernambuco (4) y Pará (4) tienen el mayor número de casos. "Si actualizáramos, Bahía estaría en primer lugar. La madre Bernadette murió de la misma manera que su hijo. Su hijo murió reclamando el territorio y ella buscaba justicia por la muerte de su hijo. Es otro derecho que ha sido silenciado desde el asesinato", ha afirmado.
PROTEGER A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
Por esto, las entidades han recomendado que el Estado y los municipios desarrollen planes de titulación de territorios quilombolas, con objetivos anuales concretos, un presupuesto adecuado y una estructura administrativa para la titulación de territorios quilombolas. La encuesta ha reiterado la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos.
En esta línea, el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía ha reinstalado la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia en el Medio Rural. El grupo, en una reunión esta semana, ha reiterado la necesidad de consolidar la protección colectiva de los pueblos indígenas y quilombolas.
La comisión pretende definir un protocolo para investigar los crímenes cometidos "contra los defensores de los Derechos Humanos y la lentitud de las acciones encaminadas a la reforma agraria y la demarcación de territorios tradicionales que terminan aumentando las tensiones y los conflictos".
Los integrantes del grupo deberán reunirse mensualmente para elaborar un proyecto de ley sobre la Política Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas y el plazo para finalizar la obra es de seis meses.
La página del Incra (autoridad responsable de la titulación de los territorios quilombolas) ha señalado que la política de regularización de las tierras quilombolas es "de suma importancia para la dignidad y garantía de la continuidad de estos grupos étnicos". La dirección proporciona documentos como el seguimiento de los procesos de regularización de los quilombolas y la lista de procesos de regularización de los territorios quilombolas abiertos.