Actualizado 28/05/2015 16:50:56 +00:00 CET

Caso FIFA: quiénes son los tres imputados argentinos

Suiza. FIFA
Foto: ARND WIEGMANN / REUTERS

BUENOS AIRES, 28 May. (Notimérica) -

   Entre los denunciados por la Justicia estadounidense en el caso de corrupción de la FIFA se encuentran los nombres de tres argentinos, empresarios de la televisión presuntamente implicados en sobornos por los derechos televisivos de competiciones internacionales.

   Los argentinos acusados son el presidente de Torneos y Competencias S. A., Alejandro Burzaco, y los dueños de la empresa Full Play Group S. A., Hugo y Mario Jinkis. La Justicia estadounidense ha pedido su extradición para ser juzgados y un juez argentino ha cursado la orden de captura internacional.

   La empresa Torneos y Competencias (más conocida como Torneos o TyC) se dedica a la retransmisión televisiva de espectáculos deportivos, mientras que Full Play es la dueña de los derechos de televisión de la mayoría de selecciones de Sudamérica y algunas de la CONCACAF.

   Según la acusación, Burzaco y los hermanos Jinkis habrían pagado 150 millones de dólares en sobornos para hacerse con los derechos de retransmisión de partidos internacionales de la FIFA.

   Tanto TyC como Full Play se asociaron recientemente con el empresario estadounidense Aaron Davidson --otro de los imputados-- bajo la firma Wematch con el fin de comercializar los derechos televisivos de la Copa América que en el mes de junio se disputará en Chile.

RELACIÓN ENTRE TYC, EL GOBIERNO Y CLARÍN

   La empresa TyC, además, tiene relaciones comerciales tanto con el Grupo Clarín como con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

   TyC y Clarín comparten la propiedad del canal deportivo TyC Sports, de Telered Imagen S. A. y de Televisión Satelital Codificada (TSC), esta última dueña de los derechos televisivos del fútbol de Primera División en Argentina entre 1991 y 2009.

   La relación con el Gobierno de Fernández de Kirchner se produjo después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidiera retirarle los derechos a TSC y vendérselos al Gobierno, que creó el programa Fútbol Para Todos.

   TyC mantuvo, sin embargo, los derechos de las divisiones inferiores y Fútbol Para Todos es cliente de la empresa para la retransmisión de estos partidos. Además, TyC mantuvo la comercialización del fútbol argentino en el extranjero.

   Aunque no está relacionado con el caso de corrupción investigado, el hermano de Alejandro Burzaco, Eugenio, fue jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, creada por el intendente Mauricio Macri, entre 2009 y 2011.

DESCARGO E INVESTIGACIÓN FISCAL

   Desde TyC han negado en un comunicado cualquier vinculación con los hechos denunciados con la Justicia de Estados Unidos: "Torneos desmiente cualquier participación de la compañía y de su presidente en los hechos denunciados".

   Por su parte, el propio Burzaco habló en BigBangNews y dijo que se trata de una campaña "contra nosotros, los privados: lo hicieron los competidores despechados".

   Sin embargo, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decidió cursar la orden de captura de Interpol en la noche del miércoles: "Hay un pedido de captura con fines de extradición", explicó el magistrado, bajo la imputación de "integrar una asociación ilícita destinada a cobrar sobornos".

   Desde el Gobierno argentino han insistido "en que se investigue hasta las últimas consecuencias", según dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de cuya Jefatura depende el programa Fútbol Para Todos.

   Aníbal Fernández, de hecho, dijo que la AFIP (el ente fiscal) investigará el caso y que "los hechos ilícitos también pagan impuestos y, en este caso, si fuera demostrado que se pagaron esas coimas (sobornos), por esas coimas van a tener que pagar el 35 por ciento del impuesto a las ganancias".

   Además, anunció que como el Estado es "socio minoritario" del Grupo Clarín "puede reclamar la intervención judicial para la averiguación específica del pago de sobornos", explicó Fernández.

   El Estado, efectivamente, entró en el directorio de Clarín tras estatalizar en 2008 los fondos de pensiones privados que poseía el grupo empresarial.