RÍO DE JANEIRO, 27 Ago. (Notimérica/EP) -
El motín de la cárcel de Casacavel, en el estado de Paraná, acabó después de 45 horas con 25 heridos y cinco muertos --dos de ellos decapitados--, un balance trágico que vuelve a poner de relieve uno de los problemas endémicos del sistema de seguridad brasileño, sus cárceles, en la mayoría de casos abarrotadas y sin las mínimas condiciones de salubridad.
Los presos de la Penitenciária Estadual de Cascavel (PEC) iniciaron la revuelta protestando contra las decisiones de la dirección del centro, la calidad de la alimentación y la higiene. El conflicto sólo terminó cuando las autoridades accedieron a transferir unos 600 reclusos a otras cárceles del estado de Paraná. La cárcel de Cascavel albergaba a 1.018 internos, pero su capacidad era de 1.166 reclusos. No era de las peores.
Según un informe de la ONG Human Rights Watch publicado hace unos meses la situación más alarmante del país se da en el Presidio Central de Porto Alegre, apodado 'La Mazmorra'. Con capacidad para 2.000 presos actualmente hay 4.500 personas encarceladas, más del doble de lo previsto cuando se construyó.
En la parte superior de la cárcel unos 300 detenidos se amontonan en celdas que en algunos casos no llegan a los tres metros cuadrados y los daños en el sistema de alcantarillado hacen que las aguas residuales bajen directamente por la fachada hasta el patio.
En la lista elaborada por esta ONG hay otros casos de cárceles en las que enfermos de VIH conviven con otros presos no contagiados sin las condiciones mínimas de higiene, o de recintos en los que a falta de comedor los presos tienen que comer con las manos, con la comida distribuida en bolsas de plástico.
Según datos del Ministerio de Justicia Brasil en 2013 había en Brasil 548.000 presos, cuando en realidad la capacidad de los centros penitenciarios es de 310.600 plazas. El año pasado el Gobierno lanzó un plan para acabar con la masificación de las cárceles y garantizar el acceso de los presos a la sanidad y la educación, pero el proyecto aún no ha dado los primeros pasos.
Hace dos años fueron muy polémicas las declaraciones del Ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, que llegó a confesar que prefería morir a cumplir condena en una cárcel brasileña. El ministro asumió entonces que Brasil tiene "un sistema medieval" y que las cárceles no cumplen su propósito de reinsertar al reo en la sociedad, más bien al contrario. "El que comete un crimen pequeño sale de la cárcel convertido en un criminal mayor", dijo.
Al margen de los problemas de superpoblación e higiene de las cárceles otro asunto recurrente son las acusaciones de tortura. Human Rights Watch lamenta que seis meses después de ser anunciado el Gobierno aún no haya puesto en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura. En teoría se trataba de una comisión formada por once peritos que harían visitas periódicas a las cárceles para investigar posibles casos de tortura.
"Las autoridades responsables por la aplicación de la ley que cometen abusos contra presos y detenido raramente son llevadas a la Justicia", alertaba la organización, subrayando también la impunidad con la que trabaja la Policía brasileña, que todavía mantiene la tortura como recurso habitual para conseguir confesiones, según la ONG.
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