SANTIAGO, 10 May. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -
Chile contará con un Instituto de Derechos Humanos, un largo anhelo de las organizaciones de familiares de los miles de ejecutados, desaparecidos y torturados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), después de que el Senado aprobara, de forma unánime, una iniciativa legal que fue enviada durante el período del presidente socialista Ricardo Lagos, quien entregó el mando a Michelle Bachelet en 2006.
El proyecto, al cual podrán hacérsele indicaciones para mejorarlo hasta el mediodía del próximo 11 de junio, crea una corporación autónoma, con patrimonio propio, y cuyo accionar será fiscalizado por la Contraloría General de la República.
El objetivo principal de este instituto será resguardar los antecedentes recopilados por las comisiones (Rettig y Valech) que, tras el término de la dictadura pinochetista, a contar de 1990, recogieron los testimonios de las víctimas que, tras sistematizar esta información, permitieron la entrega de subsidios, vivienda, atención sanitaria sin costo y becas para los hijos y pensiones para las viudas.
Esta información permitió reconstruir los apremios ilegítimos, los maltratos, hacerse parte en los juicios sobre la materia e impulsar planes y políticas tendientes a crear conciencia sobre la importancia del respeto de los derechos fundamentales en Chile.
El plazo para presentar indicaciones procura determinar la naturaleza jurídica de este organismo, con la finalidad de que no entorpezca ni intervenga con las decisiones y el trabajo del Poder Judicial chileno.
La derecha opositora ha planteado ante el Senado sus aprensiones y ha pedido que se incorpore dentro de su campo de acción el terrorismo, porque los derechos humanos pueden ser violados, tanto por agentes del Estado como por organizaciones terroristas".
Asimismo, la derecha legislativa pide que para que "esta institución permanezca en el tiempo es necesario que su dirección sea lo más representativo, amplio y plural, posible, ya que en la medida que dependa de mayorías circunstanciales se transforma en repartición pública más".
A nombre del Gobierno de Michelle Bachelet, el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien es el encargado de llevar la relación de La Moneda con el Parlamento, agradeció "la disposición del Senado para aprobar esta iniciativa que pretende crear un organismo que sea la conciencia del país respecto a los estándares éticos más fundamentales que derivan de la dignidad de la persona humana".
El representante de La Moneda dijo que el Gobierno de Bachelet está dispuesto a "acoger y estudiar las observaciones al proyecto y no tenemos la intención de que este organismo actúe judicialmente".
El texto legal, enviado al Congreso durante la administración de Ricardo Lagos, tiene por objetivo crear un organismo de derechos humanos, que será una corporación autónoma con patrimonio propio, y cuyo accionar será fiscalizado por la Contraloría General.
La nueva entidad deberá promover y proteger los derechos humanos, para lo cual deberá elaborar un informe anual sobre sus actividades, la situación nacional en materia de DD.HH y hacer recomendaciones sobre el tema, las que entregará al Presidente de la República, al Congreso, al presidente del Tribunal Supremo, a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, entre otros.
También deberá pronunciarse sobre las prácticas que infrinjan o sean contrarias a los derechos humanos; informar todo acto que importe discriminación; proponer a los poderes públicos medidas para proteger y promover los derechos humanos y presentar acciones legales respecto de hechos constitutivos de crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra.
Asimismo, tendrá como misión promover acciones para determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas; y custodiar los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y por la Comisión de Prisión Política y Tortura.
El proyecto también contempla la creación de un Premio Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito de cultivar una memoria histórica sana de la Nación chilena, a través de resaltar y valorar cada dos años una persona de nacionalidad chilena, hombre o mujer, que se haya distinguido en tal esfuerzo.