SANTIAGO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno chileno se comprometió ayer, viernes, a no volver a pedir la aplicación de la ley antiterrorista en casos como el de los tres comuneros mapuches y una activista pro-indígena, condenados a 10 años de cárcel y quienes mantienen desde el pasado 13 de marzo una huelga de hambre.
El acuerdo fue alcanzado tras una reunión entre la abogada de la Corporación de Derechos Ciudadanos, Alejandra Arriaza, el lonko (jefe del grupo indígena) José Carileo y el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, según informa la emisora local 'Radio Cooperativa'.
Juan Marileo, Juan Carlos Huenulao, Florencio Marileo y Patricia Troncoso, alias 'la Chepa', fueron condenados en 2005 a 10 años de prisión aplicándoles normas de la legislación antiterrorista por el incendio de unas 100 hectáreas de pinos pertenecientes a la empresa Forestal Mininco.
En los últimos días se han multiplicado las manifestaciones en favor de ellos, que ya han perdido un promedio de 17 kilos de peso y permanecen en riesgo vital. La ley antiterrorista fue creada durante el régimen militar en contra de grupos subversivos.
Además, el Ejecutivo se comprometió a trasladar a los condenados a un centro de estudio y trabajo, también conocido como cárcel-granja, mientras los tribunales resuelven el recurso de revisión de la causa, presentado el pasado miércoles ante tribunales.