Actualizado 05/07/2012 16:59

El ministro de Educación reconoce las deficiencias del sistema educativo pero aclara que "no está en crisis"


MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Educación de Chile, Harald Beyer, ha reconocido que el sistema educativo arrastra una serie de deficiencias en torno a su calidad y a los problemas de acceso a la universidad que afrontan los jóvenes de las clases bajas, pero ha dejado claro que "no está en crisis" y que todos estos problemas podrán superarse progresivamente con la reforma propuesta del Gobierno de Sebastián Piñera.

"Los problemas de Chile tienen que ver con el crecimiento acelerado" de la demanda en algunas áreas de la educación superior, ha destacado Beyer en un encuentro celebrado este jueves en la Casa de América en Madrid.

En el proyecto de reforma presentado recientemente por Piñera ante el Congreso --ha explicado Beyer-- fueron tomados en cuenta los tres principales dilemas que afronta la educación chilena como la existencia de un sistema de financiación "inadecuado y caro", lo que imposibilita a las clases bajas entrar en una universidad; el hecho de que "no toda la oferta (de estudios) es de la calidad deseada", pero además se mantiene latente la "necesidad de más transparencia" en las instituciones educativas.

Actualmente en las universidades chilenas hay matriculados 1,1 millones de alumnos, una cifra que Beyer valora positivamente porque en el año 1990, con la restitución de la democracia en Chile, había apenas 240.000 jóvenes realizando estudios superiores. "La cobertura ha aumentado en los últimos años para los grupos medios y bajos", pero la mayoría de los alumnos siguen siendo de familias clase alta, ha resaltado el ministro.

Esto se debe a uno de los problemas que, según Beyer, se ha tomado en cuenta la reforma y se refiere a la financiación. Los créditos los otorgan los bancos a un interés de seis por ciento y los estudiantes pasaban años de su vida amortizando la deuda. "En algunos casos si no pagabas te embargaban hasta los bienes", ha lamentado.

La propuesta plantea que sea el Estado el que asuma la entrega de créditos a los universitarios con un tipo de interés al dos por ciento que se pagarían una vez que el alumno culmine sus estudios y comience a trabajar. La cuota no deberá ser superior al diez por ciento de sus ingresos y, en caso de que no puede seguir pagando, el Estado amortizaría la deuda.

La idea es que el 90 por ciento de los estudiantes puedan acceder a estos préstamos públicos y la meta es haber otorgado financiación a 400.000 alumnos en 2014, cuando finalice la gestión de Piñera. Pero además se pretende que los 365.000 jóvenes que en la actualidad pagan "créditos en condiciones desventajosas" sean adheridos al nuevo esquema.

La financiación constituye el punto álgido de las manifestaciones masivas que ha organizado en el último año la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), cuya principal exigencia es que los alumnos tengan una educación gratuita, como existe en otros países, pero que también sea de calidad.

Beyer ha destacado que, desde 1981, existe en Chile una "política de aranceles libres" que ha permitido a las universidades privadas imponer los precios. Se estima que en los últimos años, las matrículas en Chile han subido entre tres y cuatro por ciento "real anual".

"Se necesita un sistema más justo, que no discrimine a los estudiantes", ha admitido Beyer, al aclarar que eso no quiere decir que sea "conveniente avanzar en la política de la gratuidad porque en un país tan desigual (en términos sociales y económicos) eso sería injusto".

Por ello, el Gobierno se ha comprometido a dar becas al 60 por ciento de los estudiantes que tengan una situación social "más vulnerable" y que tengan un buen expediente académico. El resto podrá adherirse al sistema único de créditos con condiciones preferentes. Con esta propuesta, "la situación de las familias va a cambiar", ha apostado.

Este tema sólo ha podido ser abordado con los estudiantes mediante "diálogos informales" porque aquellos que se han estado manifestado a favor de los cambios "se han resistido a que haya un diálogo formal" con el Gobierno, ha enfatizado el ministro.

FISCALIDAD Y TRANSPARENCIA

Para Beyer uno de los principales problemas que afrontan tiene que ver con la calidad de la enseñanza y eso se debe a que actualmente "existe un mal sistema regulatorio" de los centros educativos. La ley establece que "las universidades no pueden ser con fines de lucro pero hay sospechas de eso se está incumpliendo", ha confesado.

El Ministerio de Educación y el Estado en general "no tienen competencia" para revisar las cuentas y los libros de las instituciones educativas, ha recordado Beyer. "Necesitamos un control de la calidad mucho más eficiente y exigente con las universidades", ha resaltado.

En la propuesta remitida al Congreso se plantea la creación de la Superintendencia de Educación Superior que fiscalizaría las 174 instituciones educativas, lo cual permitirá "por primera vez en la historia" de Chile "cerrar establecimientos que no cumplan con los estándares establecidos".