Actualizado 11/03/2015 14:37

CIDH analizará la situación de los derechos humanos en Puerto Rico

La CIDH analizará derechos humanos en Puerto Rico
Foto: FACEBOOK AMNISTIAPR

SAN JUAN, 11 Mar. (Notimérica) -

   La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará el próximo lunes, 16 de marzo, en una audiencia pública, la situación general de los derechos humanos en Puerto Rico.

   En dicha audiencia participarán el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem); American Civil Liberties Union Foundation (Aclu); Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico; y Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, entre otros organismos.

   La CIDH escuchará en la audiencia denuncias relativas a la discriminación en Puerto Rico en contra de homosexuales, mujeres, niños con discapacidad e inmigrantes, así como los esfuerzos del gobierno federal por imponer la pena de muerte.

   Según destaca el último informe de Amnistía Internacional, como Estado Libre Asociado a Estados Unidos, Puerto Rico está sujeto a algunas leyes federales estadounidenses.

   Aunque en la isla la pena de muerte fue abolida en 1929, el Departamento de Justicia de Estados Unidos "ha intentado durante años" obtener condenas a muerte por cargos federales en varios casos.

   Añade que durante 2013, los jurados de Puerto Rico votaron a favor de la cadena perpetua en tres casos en los que el gobierno estadounidense pedía la pena capital. Al concluir 2014, no había en Puerto Rico ninguna causa pendiente de juicio en la que el gobierno federal hubiera solicitado la pena de muerte.

   Por otro lado, Amnistía Internacional denuncia que, a pesar de algunos avances en la legislación, se continuó negando a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales el derecho a no sufrir discriminación.

   Así, en octubre de 2014, un juez federal de primera instancia estadounidense ratificó la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico. Al finalizar el año, estaba pendiente la resolución de un recurso ante la Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos.

   Además, en febrero de 2013, el Tribunal Supremo confirmó la prohibición de la adopción para parejas del mismo sexo. Por una mayoría de 5 votos a 4, los jueces ratificaron la constitucionalidad de una ley que establecía que una persona no podía adoptar a un niño proveniente de una familia monoparental cuando el potencial adoptante fuera del mismo sexo que la madre o el padre del niño, a no ser que el padre o la madre en cuestión perdiese sus derechos legales.

   Por otro lado el informe de AI destaca que no prosperó la campaña de la sociedad civil para retirar una enmienda incorporada al Código Penal en 2011, que limitaba el derecho de las mujeres a abortar sólo cuando fuera necesario para proteger su vida o su salud, y que penalizaba las transgresiones de la ley con una pena fija de dos años de prisión.

   Finalmente, y en cuanto a la actuación de la policía y las fuerzas de seguridad, el informe de Amnistía Internacional destaca que, a raíz de que un informe federal publicado en 2011 concluyera que la policía actuaba de forma inconstitucional, "por ejemplo, cometiendo homicidios ilegítimos", el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico alcanzaron un acuerdo en julio de 2013 para reformar las fuerzas policiales. El programa de reforma exigido por el gobierno federal daba a Puerto Rico un plazo de 10 años para llevarla a cabo.

SESIÓN HISTÓRICA

   La abogada Nora Vargas Acosta, quien dirige la sección sobre discriminación por orientación sexual e identidad de la clínica de asistencia legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, ha calificado de "histórica" la sesión del próximo lunes, en la que la CIDH dedicará una sesión a una discusión amplia sobre el estado de los derechos humanos en Puerto Rico.

   En la sesión, dos representantes de la clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana, que coordina la profesora Annette Martínez, testificarán también sobre la discriminación en contra de los inmigrantes y la falta de derechos de la mujer, según informa El Nuevo Día.

   Los abusos en contra de comunidades de inmigrantes dominicanos fueron parte de los fundamentos de la demanda del Departamento de Justicia federal en contra de la Policía de Puerto Rico, que ha dado pie a un proceso de reforma que ha comenzado lentamente y con prioridades cuestionadas por grupos de derechos civiles, recuerda el rotativo.