Actualizado 21/03/2018 10:57

Científicos de Brasil cuestionan si Amazonía está en un punto sin retorno

Amazonia en Brasil
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   TEFÉ, 21 Mar (Notimérica/Notimex).-

   La selva amazónica, mayor bosque tropical del mundo, podría estar cercana a un punto sin retorno, mientras Brasil asegura que aumentó los recursos para frenar la deforestación y la destrucción de la naturaleza.

   "La deforestación amazónica en Brasil no pasará de cinco mil kilómetros cuadrados en 2018", aseguró el ministro de Medio Ambiente, Sarney Filho, en una reciente conversación con medios extranjeros en Brasil, entre ellos Notimex.

   El gobierno brasileño, que recibe fondos internacionales de países como Noruega o Alemania a cambio de garantizar que la selva sea conservada, aseguró que hubo una reducción de 16 por ciento de la deforestación de la Amazonía de 2016 a 2017.

   "Revertimos esa curva", dijo el ministro y arguyó que se incrementó el presupuesto de las operaciones de comando y control.

   En 2018, la mayor economía de América Latina destinará unos 100 millones de dólares para combatir la acción de madereros, ganaderos, buscadores de oro y especuladores de tierra que desboscan enormes extensiones de la selva con el objetivo de lucrarse.

   Con cerca de una quinta parte de todos los recursos de agua dulce superficial de la Tierra y una extensión de selva cercana a dos tercios del territorio continental de Estados Unidos, la Amazonía es considerada fundamental para el planeta y la lucha contra el cambio climático, así como para generar el ciclo de lluvias en América del Sur.

   El debate sobre el futuro de la Amazonía se agudiza en vísperas del Día Mundial de los Bosques, que se celebra el 21 de marzo.

   Estimaciones recientes de investigadores como el estadunidense Thomas Lovejoy y el brasileño Carlos Nobre, que llevan décadas indagando sobre el Amazonas, señalan que la mayor selva tropical del mundo podría estar cerca de un punto de colapso por la destrucción humana.

   Los científicos estimaron en un artículo publicado en marzo que si se llega a la destrucción del 20 al 25 por ciento del total de la selva, el ecosistema podría colapsar, el régimen de lluvias -principal sustento de la jungla- cambiar radicalmente y uno de los bosques más densos y biodiversos de la Tierra transformarse en una savannah.

   Se cree que el porcentaje de selva destruido desde 1960, cuando comenzó el período acelerado de destrucción para dar paso a actividades como la agricultura, la minería o la construcción de infraestructura, esté entre el 17 y el 20 por ciento.

   El corte raso de selva amazónica se situó entre agosto de 2016 y julio de 2017 en los seis mil 600 kilómetros, una caída del 16 por ciento respecto a los casi ocho mil del mismo período del año anterior, cuando el Amazonas brasileño tuvo su año más destructivo desde 2008.

   Con todo, las organizaciones ecologistas -que acusan al Ejecutivo de Temer de suponer la mayor amenaza al medio ambiente en Brasil en décadas- advirtieron que los resultados están aún lejos de las promesas del país para 2020 de atajar por completo la destrucción.

   La mayor selva tropical, que ocupa más del 50 por ciento del territorio brasileño, ha sufrido en los últimos 30 años los efectos de esta tala acelerada y corte raso, que va sucedida muchas veces por la quema de los remanentes del bosque, para abrir áreas de pasto para el ganado bovino o la producción agrícola.

   Desde que tomó posesión del cargo en mayo de 2016, grupos ecologistas y de la sociedad civil acusan al gobierno de Temer de aliarse con los lobbies agroindustriales para acometer una reducción masiva de las áreas de protección de la selva, con el objetivo de expandir las actividades económicas, lo que impacta no solo al medio ambiente sino también a los pueblos nativos.

   En agosto, el Ejecutivo aprobó un decreto que eliminaba las restricciones a la minería en la amazónica Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca, en sus siglas en portugués), de un tamaño de 46 mil kilómetros cuadrados, una extensión superior al estado mexicano de Quintana Roo.

   La decisión provocó el rechazo de organizaciones ecologistas brasileñas e internacionales, y al final el gobierno dio marcha atrás en su decisión.