MADRID, 16 Abr. (Notimérica) -
Cuando se cumplen cinco años de la expropiación a la filial de Repsol del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en Argentina, la sombra del control nacional se sitúa ahora sobre Colombia, país que vive actualmente una batalla legal entre la empresa española Gas Natural Fenosa y el gobierno colombiano.
Electrificadora del Caribe, conocida como Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa --empresa que pasó a denominarse de esta manera tras la fusión entre Gas Natural y Unión Fenosa en 2009--, protagoniza a día de hoy una crisis más entre las empresas energéticas españolas en Iberoamérica por la liquidación de la filial.
Debido a los problemas financieros y técnicos --que según declaraban desde la gerencia general de la compañía eran consecuencia del no pago de los servicios por los usuarios--, Electricaribe fue intervenida por el Gobierno colombiano de forma preventiva en el mes de noviembre de 2016.
Posteriormente, el día 14 de marzo de este año, la Superintendencia de Colombia ordenó liquidar la filial, tal y como sostiene el gobierno colombiano, a causa de una "insolvencia", dejando de lado la idea de que se trata de una expropiación. Así, el tira y afloja entre ambos bandos continúa a día de hoy, llegando a instancias del Tribunal de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), hecho alargará el proceso entre dos y tres años.
EXPROPIACIONES SUDAMERICANAS
En los últimos tiempos la palabra "expropiación" ha sido una amenaza para los empresarios españoles en la región, en especial en el Cono Sur. La nacionalización en 2012 de la filial Transportadora de Electricidad (TDE) de Red Eléctrica Española (REE) por parte del gobierno boliviano de Evo Morales, así como la posterior expropiación de cuatro filiales, también bolivianas, de Iberdrola, hicieron de aquel año un periodo fatídico.
Sin embargo, dentro de todo ello es notable el caso de la empresa petrolífera Repsol y su filial YPF en Argentina. La misma empresa española se había visto, precisamente, afectada de manera notable en el año 2006 con la llegada de Evo Morales al poder, puesto que éste otorgó a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos más de la mitad de las explotaciones de hidrocarburos del país.
Aunque YPF fue expropiada hace hoy cinco años, la problemática no encontró su punto y final hasta 2014, cuando se firmó el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación entre el gobierno argentino y Repsol.
EXPROPIACIÓN DE REPSOL-YPF
El 16 de abril de 2012, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunciaba la expropiación del 51% de las acciones de YPF de la empresa española transnacional Repsol. Un mes más tarde, el Congreso argentino aprobaba la nueva Ley de Soberanía Hidrocarburífera que permitiría el control de la filial.
En 1985, durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989), la empresa argentina YPF se abrió a la inversión privada por la licitación de áreas para la explotación de hidrocarburos, aunque fue durante el gobierno de Carlos Menem (1985-1999) cuando se empezó a privatizar el sector con un decreto de 1989 que convocaba a concurso público internacional para la explotación de yacimientos de hidrocarburos y su libre comercialización.
En 1992, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó por mayoría la ley que permitiría la privatización de los activos de YPF, la cual haría que la empresa se convirtiera en sociedad anónima y que en 1999 la transnacional española Repsol adquiriera casi el total de las acciones de YPF. Así, YPF se convirtió en una filial de Repsol hasta el año 2012, cuando la Ley de Soberanía Hidrocarburífera la declaró un bien de "interés público nacional".
Se trataba de lograr un "autoabastecimiento de hidrocarburos, explotación, industrialización y comercialización", que al mismo tiempo permitiera lograr un "desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo y el incremento de la competitividad", tal y como se publicaba en el Boletín Oficial de Argentina el 7 de mayo de 2012.
La decisión de Fernández de Kirchner de expropiar los activos de Repsol encontraba su base objetiva en un comportamiento empresarial que la presidenta calificó como "predatorio". El gobierno consideraba que la empresa no había realizado las inversiones necesarias para asegurar la producción, tratándo de beneficiarse del alza de precios de gas y petróleo a pesar de la pérdida de soberanía energética de Argentina.
El país sudamericano se había visto, después de casi dos décadas, obligado a importar gas y petróleo en el año 2011. Mientras Repsol-YPF veía crecer sus ventas anuales por la falta de producción, Argentina había llegado a adquirir cierto nivel de déficit energético y comercial, lo cual fue una de las justificaciones alegadas por Kirchner para la expropiación, aunque no la única.
POLÉMICA
En el año 2011, Repsol anunció el descubrimiento en el yacimiento de Vaca Muerta, en la céntrica provincia de Neuquén, de hidrocarburos no convencionales que equivaldrían a 22.807 millones de barriles de petróleo. Por ello, la empresa española acusó al gobierno de Kirchner de llevar a cabo la expropiación de la filial para la obtención de beneficios propios en base a dichos depósitos naturales.
El control estatal de la petrolera hizo que la compañía calificara los actos del Gobierno como "ilícitos y gravemente discriminatorios". Así mismo, todo ello provocó una fuerte repercusión a nivel internacional. Por un lado, los gobiernos latinoamericanos de Brasil, Venezuela, Uruguay, Bolivia y Nicaragua expresaron su apoyo al gobierno argentino, así como el partido político español Izquierda Unida.
Todos ellos consideraron la expropiación como una decisión soberana, mientras que otros presidentes no lo consideraron de esta manera. El presidente mexicano, Felipe Calderón, consideró "lamentables" los hechos, aunque la propia Cámara de Diputados pidió respeto a "los principios constitucionales" del país sudamericano. Por otro lado, El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró la nacionalización como una "decisión soberana".
La firma de un acuerdo amistoso entre ambas partes no llegó hasta 2014, cuando se estableció el pago de una indemnización de 5.000 millones de dólares a la petrolera española, la cual retiró todas las causas pendientes contra el gobierno argentino.