Actualizado 27/10/2006 01:22

Colombia.- Abren investigación disciplinaria a 30 militares por la muerte en mayo de 10 policías y un civil en Jamundí


BOGOTÁ, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Procuraduría (Fiscalía) colombiana abrió hoy una investigación disciplinaria contra 30 militares adscritos al Batallón de Alta Montaña número 3 de la ciudad de Cali y dos policías nacionales por su presunta responsabilidad en la muerte el pasado mayo de 10 policías y un civil en la localidad de Jamundí.

El 22 de mayo, las víctimas protagonizaron un enfrentamiento con miembros del Ejército cuando realizaban una operación en una zona rural del citado municipio, ubicado en el departamento del Valle, acompañados de un informante.

Los informes de las autoridades colombianas concluyeron que algunos miembros del batallón de Alta Montaña, que se encontraban en el sector rural de Potrerito, causaron la muerte a diez miembros de la Policía y a un civil que los acompañaba.

Según la Comisión Especial Disciplinaria, los militares investigados habrían incurrido en homicidio agravado, según informa la prensa local, recogida por Europa Press.

Por su parte, se dictaminó que el coronel Bayron Gabriel Carvajal Osorio y el mayor Carlos Alberto Lozano Rojas, además, habrían incurrido en el empleo ilegal de la Fuerza Pública.

De acuerdo con las investigaciones, la presencia de las tropas militares en el sector de Potrerito no habría estado debidamente justificada, pues, según los informes y testimonios iniciales, no está claro si lo que se pretendía evitar era un secuestro, proteger la infraestructura eléctrica o realizar un registro y control de la zona.

NO HUBO ATAQUE INESPERADO

Con respecto a los miembros de la policía, su presencia en Jamundí fue justificada alegando la búsqueda de una caleta con 100 kilos de cocaína. La Procuraduría busca establecer las condiciones en las que se llevó a cabo el procedimiento militar.

Las circunstancias descritas indican que, al parecer, la operación no habría sido producto de una reacción ante un ataque inesperado de los miembros de la policía que estaban presentes en el lugar de los hechos en compañía de un civil.

Sobre las posibles irregularidades en las que estarían involucrados miembros de la Comisión Especial de Cali (Comca) y de la Dirección Central de Policía Judicial (Dijín), la Comisión de la Procuraduría señaló que el mayor de la policía Eliécer Camacho Jiménez habría autorizado verbalmente el operativo desde Bogotá.

Todo indica que en dicha operación no se cumplieron con los operativos mínimos de seguridad y se desatendieron requisitos legales y reglamentarios de obligatoria aplicación.

Adicionalmente, la Procuraduría investiga la inexistencia de la orden de servicios que fundamentara la actividad de la policía, dado que, al parecer, dicha orden habría sido elaborada con posterioridad a los hechos y con una firma falsa.