MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Asturiana de Cooperación del Gobierno de Asturias y el Programa Asturiano de Protección a Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia expresaron hoy su preocupación la presión que pueden llegar a ejercer los paramilitares sobre la población civil en las elecciones del próximo domingo en el país.
Así lo explicaron en rueda de prensa en Madrid el director de la Agencia, Rafael Palacios, y el coordinador del Programa, Javier Orozco, quienes aseguraron que en los pasados comicios, celebrados en 2002, paramilitares se desplazaron a los colegios electorales e indicaban a los electores, "con la escopeta en la espalda", a quién tenían que votar.
Según Palacios, los paramilitares "no han respetado el cese de actividades" y ya se han introducido en las instituciones colombianas, "usurpando tierras" a campesinos e indígenas, por lo que señaló que los niveles de impunidad siguen siendo muy elevados, ya que la mayoría de estas violaciones de derechos humanos no son investigadas o los procesos no llegan a individualizar culpables.
En cuanto a la situación económica, social y política en Colombia, Palacios y Orozco hicieron hincapié en que "ha empeorado" en el último año, según pudo corroborar una Comisión de Verificación del Gobierno asturiano desplazada a este país el pasado marzo para conocer la realidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
De este modo, explicaron que las conclusiones a las que llegaron los miembros de la Comisión es que "el conflicto político, social y armado que padece Colombia tiene como origen y se mantiene por la inequidad, la exclusión social y política, la represión como instrumento de gobernabilidad y la violencia como método para acumular riqueza y territorio".
MUEREN MÁS CIVILES QUE MILITARES
Según indicó, la respuesta del Gobierno a los movimientos sociales es "represiva, involucrando a la población civil en el conflicto militar" a través de la política de Seguridad Democrática, ya que están muriendo más civiles que militares en los enfrentamientos.
A su juicio, es necesario que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que viene funcionando en Colombia desde 1996 y cuya prórroga finaliza el próximo mes de octubre, continúe su labor de monitoreo y asesoramiento.
Por todo ello, reclamaron a los Parlamentos asturiano, español y europeo, así como a sus respectivos gobiernos, abstenerse de colaborar con el Gobierno colombiano en materia militar y en proyectos de reinserción de paramilitares hasta que el Ejecutivo cumpla los tratados de derechos humanos.
Para los representantes de la Agencia Asturiana de Cooperación, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, "se comporta como un demócrata" cuando sale de su país, pero al regresar "viola sistemáticamente los derechos humanos" en el trato a los presos en las cárceles, en las tierras campesinas y en el trato a los movimientos sociales.