MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una misión internacional del grupo de trabajo de Cáritas por Colombia ha expresado su preocupación ante la "crítica situación" en la que se encuentran las comunidades indígenas y afrodescendientes del departamento de Chocó, después de visitar la región, principalmente a los municipios de Quibdó y Atrato (Yuto), a finales del pasado mes de octubre.
Durante su visita, representantes de las Cáritas de España, Inglaterra y Gales, Alemania, Holanda, Irlanda, Escocia, Luxemburgo y Colombia se reunieron con los responsables de las diócesis de Itsmina, Apartadó y Quibdó, así como con líderes del Consejo Comunitario del Alto Atrato-COCOMOPOCA y otras organizaciones locales de la sociedad civil.
Gracias a estos encuentros, constataron la labor que desarrollan los consejos comunitarios de Cocomacia, Cocomopoca y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó en favor de la promoción y garantía de los derechos humanos y la defensa del territorio de las comunidades afrodescendientes e indígenas del Chocó. Entre los avances "positivos", observaron como, tras once años de trabajo por parte de los líderes locales y con el apoyo constante de la Iglesia, la comunidad de COCOMOPOCA ha logrado la titulación colectiva de 73.000 hectáreas de tierra.
No obstante, el grupo de trabajo vio con "preocupación" la concesión de un 75 por ciento del territorio recientemente titulado a multinacionales extractivas para la explotación de recursos minerales, sin "la debida consulta previa" a las comunidades asentadas en el territorio.
En este sentido, sus integrantes han suscrito una declaración conjunta, en la que se asegura que este hecho "impide la proyección de su plan de etnodesarrollo y vulnera el derecho a la autodeterminación de este pueblo y su posibilidad de llevar adelante proyectos agrícolas, de sostenibilidad alimentaria y generación de ingresos y medios de vida".
Además, se señala que, a causa de la actividad minera, se presentan "graves afectaciones a la salud de la población, aumento de los índices de prostitución y drogadicción en niños, niñas y adolescentes, amenazas a líderes, aumento de la deserción escolar y graves problemas que afectan el medio ambiente, como el uso de cianuro y mercurio para la extracción de oro, y la deforestación".
Asimismo, los miembros del grupo de trabajo por Colombia han denunciado "el preocupante clima generalizado de violencia" en las diócesis de Istmina, Apartadó y Quibdó por "el aumento y constante accionar de los grupos armados ilegales y su relación con la explotación ilegal de recursos naturales y minerales".
Como resultado de esta situación, según han advertido, se sigue generando el desplazamiento de "un gran número de personas" que no han encontrado en las entidades del gobierno el "apoyo adecuado y oportuno" para atender las necesidades generadas por la crisis humanitaria que se presenta en la región.
PROTECCIÓN DE LAS COMUNIDADES Y CONTROL DE LAS EXTRACCIONES
En este contexto, el grupo de trabajo ha instado al Estado colombiano a promover "las medidas necesarias para hacer efectiva la protección de las comunidades y la atención y reparación integral a las víctimas de la violencia", así como a asegurar que el desarrollo de la política economía extractiva en el país "no contravenga los planes de etnodesarrollo de las comunidades afrodescendientes e indígenas y el derecho de dichas comunidades a la consulta previa" y a impulsar "una adecuada regulación de las prácticas para la extracción de recursos naturales y minerales".
Mientras, ha reclamado a la comunidad internacional la creación de "espacios nacionales e internacionales de reflexión en torno al tema de víctimas del conflicto armado colombiano" y la promoción de "una adecuada regulación de las prácticas para la extracción", así como la defensa de "iniciativas de máxima transparencia para la extracción, producción y comercialización de recursos naturales y minerales".
En esta línea, el grupo de trabajo también ha solicitado a esta el "apoyo a la efectiva y oportuna realización de la consulta previa, libre, plena e informada a las comunidades donde se están llevando a cabo actividades de explotación de recursos naturales y minerales".