Condena la muerte de la prima de Piedad Córdoba
BOGOTÁ, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Gobierno de Juan Manuel Santos garantizar la vida de los activistas y defensores de los Derechos Humanos en Colombia, después de constatar que muchos de ellos han sido amenazados de muerte por bandas criminales y grupos armados.
La CIDH hizo este llamamiento tras condenar el asesinato de Ana Fabricia Córdoba Cabrera, prima de la exsenadora Piedad Córdoba, quien formaba parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres y era fundadora de la Asociación Líderes Hacia delante Por un Tejido Humano de Paz (LATEPAZ) dedicada a acompañar a víctimas de desplazamiento forzado en la región de Urabá.
Ana Fabricia Córdoba, de 51 años, fue ejecutada el pasado 7 de junio cuando viajaba dentro de un autobús en Medellín, capital del departamento de Antioquia (norte), una ciudad que hace más de una década fue el centro de operaciones de unos de los más poderosos cárteles de la droga del mundo.
La CIDH recuerda que días antes del asesinato de la activista "decenas de organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de la población desplazada", incluyendo a Ruta Pacífica de las Mujeres, "recibieron una amenaza de muerte con fecha del 2 de junio firmada por el grupo armado Rastrojos", uno de los más peligrosos de Colombia, advertencia que estaba dirigida "a quienes tuvieran una participación activa en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada el pasado 10 de junio".
El Gobierno colombiano ha admitido públicamente que el asesinato de Ana Fabricia Córdoba podría haberse evitado, ya que "desde el 9 de mayo el Programa de Protección del Ministerio del Interior habría tenido conocimiento sobre las amenazas contra la lideresa sin que se hubieran implementado medidas de protección oportunamente", lamenta la comisión en un comunicado.
La CIDH alerta de que los Rastrojos tienen como objetivo otras organizaciones como CREAR, Arco Iris, Fundación Social, Sisma Mujer, Red de Empoderamiento, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, FUNDEPAZ, Casa Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres, FUNDHEFEM; CODHES, FUNDEMUD, MOVICE, UNIPA y Fundación Nuevo Amanecer.
En la amenaza se hace referencia a varias personas que actualmente "son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH", al igual que organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La comisión insta al Estado colombiano a "adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias con el fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de Derechos Humanos, especialmente de las organizaciones y personas que han sido amenazadas".
Por último, exhorta a las autoridades colombianas a investigar el asesinato de la activista y el origen de las amenazas contra defensores de Derechos Humanos.