MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Estado Colombiano ha admitido parcialmente su responsabilidad en la persecución de 219 miembros del histórico partido de izquierdas Unión Patriótica durante las negociaciones de paz del Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
No obstante, el Gobierno solo ha aceptado la responsabilidad estatal en 219 casos individualizados de los más de 6.000 que contempla la demanda interpuesta por las víctimas.
En la investigación se documentan 3.134 casos de militantes fallecidos, 514 desapariciones, 501 amenazas y hostigamiento, 1.600 desplazamientos forzados y 291 tentativas de homicidio, según Radio Caracol.
La demanda interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Huamnos solicita a la Justicia una sentencia que repare a las víctimas y a sus familias, así como que obligue a que se investiguen las violaciones de los Derechos Humanos por parte del Gobierno.
Esta ha sido interpuesta por la denominada Comisión Reinicia que acusa al Ejecutivo de haber fallado en la protección de los miembros de este partido mientras que bandas paramilitares auspiciadas por el Gobierno practicaban la represión.