BOGOTÁ, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La justicia colombiana ha solicitado a la Interpol que emita una orden circular mundial de captura contra los tres parlamentarios acusados de tener conexiones con escuadrones paramilitares si salen del país, según informaron fuentes oficiales.
La Corte Suprema de Justicia ordenó el pasado jueves la detención de los senadores Álvaro García Romero y Jairo Enrique Merlano, y de Erick Moris Taboda, miembro de la Cámara de Representantes, todos originarios del departamento caribeño de Sucre.
A los tres políticos se les acusa de respaldar operaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo armado ilegal de ultraderecha que participa en un proceso de paz con el Gobierno desde 2003, según informa la emisora local 'RCN'.
Sin embargo, los tres parlamentarios anunciaron este fin de semana que preparan su entrega y que acudirán a la justicia una vez definan asuntos personales y se les ofrezcan garantías de seguridad. En respuesta a esta petición, el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, dijo a los tres congresistas que deben entregarse "sin condiciones", y aseguró que no podrían ser acogidos por la Ley de Justicia y Paz.
REACCIONES
Una propuesta en tal sentido, que abrió un debate en Colombia, la habían planteado ex senadores y juristas. Mientras unos dicen que aplicación de esta normativa es posible para los tres congresistas, otros la descartan porque no se han desmovilizado y, para verse beneficiados con está ley, deberían haber manifestado antes que pertenecían a grupos paramilitares.
Sin embargo, el ministro del Interior manifestó que la decisión la tiene finalmente la justicia que es la encargada de aplicar la Ley de Justicia y Paz, según informa la emisora 'Caracol Radio'.
El portavoz del Partido Liberal en la Cámara de Representantes, Guillermo Rivera, señaló que no comparte esta tesis porque los políticos no formaron parte de la lista de algún grupo paramilitar. Además, consideró que por la condición de congresistas el órgano que los investiga es la Corte Suprema y la Ley de Justicia y Paz opera con fiscales y tribunales especiales.
Mientras tanto, el portavoz del Polo Democrático en la Cámara, Wilson Borja, afirmó que tal como está concebida la Ley de Justicia y Paz, sí se le puede aplicar a los tres congresistas sindicados de nexos con el paramilitarismo.
Según explicó, "si un jefe paramilitar como Salvatore Mancuso o 'Diego Vecino' o 'Jorge 40' dice que tenía efectivamente relación con alguno de los tres políticos y ellos también lo confiesan, podrían ser beneficiados con la ley".
En el supuesto de que a los tres políticos se les aplique la Ley de Justicia y Paz, cumplirían sólo ocho años de cárcel, teniendo que hacer una confesión plena y reparar a las víctimas con sus bienes lícitos.