BOGOTÁ, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Estado de Colombia ha ordenado al Gobierno de Juan Manuel Santos y a la empresa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) que elaboren un plan para proteger a las comunidades indígenas de ambos países de eventuales ataques terroristas contra las infraestructuras de hidrocarburos.
En un dictamen inédito, el órgano consultivo ha dado al Gobierno y a PDVSA un plazo máximo de tres meses para elaborar e implementar un sistema de protección del gasoducto colombo-venezolano frente a eventuales ataques terroristas.
Además, el Consejo de Estado ha ordenado a las autoridades colombianas y a la empresa venezolana que elaboren e implementen otro plan para establecer un paso alternativo para personas y animales, que actualmente se ven obligadas a transitar por el gasoducto.
De esta forma, el Consejo de Estados ha concedido la tutela solicitada por 85 comunidades Wayúu que habitan en uno de los tramos colombianos del gasoducto, que denunciaron que están en peligro por los atentados y por el tránsito de personas y animales.
"Las personas y animales deben literalmente pasar por encima de la obra, exponiendo así su seguridad personal a que ocurra un accidente", ha corroborado el consejero Gustavo Gómez Aranguren, en declaraciones recogidas por Caracol Radio.
A este respecto, ha argumentado que "esta infraestructura constituye un obstáculo externo que coarta el libre tránsito del pueblo Wayúu, particularmente en ejercicio de sus actividades de sustento, en tanto es un pueblo pastoril y seminómada".
Como solución, ha propuesto "idear puntos estacionarios en áreas críticas de tránsito, en los que habrá que instalar para permitir el paso seguro, así como adecuados esquemas de señalización que resulten culturalmente comprensibles".
Gómez Aranguren también ha indicado que la integridad del territorio ancestral Wayúu se ha visto afectada por el gasoducto porque en su tramo colombiano lo ha dividido sin que las autoridades ni la empresa hayan hecho nada para evitarlo.
El Consejo de Estado ha recordado que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la propiedad colectiva de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas son un derecho fundamental, compatible con los derechos individuales, y susceptible de ser protegido.