Actualizado 31/05/2006 14:23:41 +00:00 CET

Colombia.- Continúa la huelga de funcionarios de Justicia que en 21 días costó al Estado cerca de 17,4 millones de euros

Al menos 12 delincuentes tuvieron que ser liberados por no haber trabajadores que los procesen

BOGOTA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 17,4 millones de euros (unos 56.000 millones de pesos) estaría costándole al Estado colombiano la huelga que los funcionarios de la administración de Justicia mantienen desde hace 21 días y que continuará, informó la organización Asonal Judicial, hasta que el Gobierno garantice un subida de salarios. Mientras, según informa la prensa local, al menos 12 delincuentes tuvieron que ser liberados por no haber trabajadores que los procesen.

Los primeros casos de presuntos delincuentes que recuperaron su libertad un día y medio después de ser detenidos como resultado del paro judicial se conocieron ayer martes, cuando el diario colombiano 'El Tiempo' publicó que el pasado jueves liberaron en Bogotá a tres detenidos porque la Policía no pudo ponerlos a disposición del juez.

El primer caso fue el de un hombre detenido en el aeropuerto Eldorado, que tenía orden de captura por falsa denuncia. Los otros dos fueron detenidos en el centro de la capital por tener órdenes de detención por hurto.

Fuentes de la Institución citadas por el rotativos explicaron que, si sobrepasaban 36 horas de su captura y los mantenían retenidos sin que la justicia les hubiera resuelto su situación, se exponían a tener que enfrentar problemas legales.

"Tocó dejarlos en libertad tras hacerlos firmar el compromiso de que una vez termine el paro, se deben presentar ante la autoridad judicial", aseguró un investigador de la Sijín de Bogotá.

24.000 EXPEDIENTES PARALIZADOS

Aunque estos son los primeros casos reportados, las autoridades creen que hay más en otras ciudades del país. La presidenta seccional de la Asociación Nacional de Funcionarios Judiciales (Asonal), Esperanza Delgado, confirmó por su parte que en Cali nueve detenidos durante la jornada electoral del domingo por delitos contra el sufragio, quedaron en libertad por el paro.

La Policía afirma que el problema se presenta con las detenciones de sindicalistas y con algunas de las efectuadas en flagrante delito. "Cuando ya tienen condena no hay problema, porque mientras dura el paro son dejados en las estaciones, aunque eso causa hacinamiento", asegura el asesor jurídico de la Policía de Bogotá Miguel Hernández.

Sin embargo, este no es el único problema. La huelga en Medicina Legal ha frenado la práctica de exámenes para certificar las lesiones personales y ha obstaculizado la labor de los bancos de ojos para conseguir donantes para los transplantes de córneas. Además, hay 24.000 expedientes paralizados.

MANIFESTACION EL JUEVES

El presidente nacional de Asonal, Fabio Hernández, tenía previsto reunirse anoche con los delegados del Gobierno para buscar una salida. "Mantendremos el paro hasta que se firmen los decretos donde se garantice que nuestro salario recupera su valor adquisitivo. El jueves (mañana) habrá una toma de Bogotá por parte de 14.000 funcionarios judiciales del país", adelantó Hernández.

Si como lo dice el Consejo Superior de la Judicatura, cada día de paro le cuesta a la rama judicial 4.030 millones de pesos (cerca de 1,2 millones de euros) y se acumulan 1.748 expedientes, tras tres semanas del cese de actividades la cifra subiría a más de 17,4 millones de euros y 24.000 archivos paralizados, teniendo en cuenta que van 14 días hábiles de protesta.

Las pérdidas se derivan de un estudio de la Judicatura, el cual establece que cada expediente sin trámite le cuesta al país 2,3 millones de pesos, unos 716 euros, sin contar que el atraso significa que deberán invertirse más recursos para recuperar el tiempo perdido.

La Comisión Interinstitucional de la rama judicial --compuesta por los presidentes de las altas cortes y el Procurador-- ha expresado su preocupación por la duración del conflicto. Por eso, exhortó al Gobierno y a Asonal Judicial para que busquen fórmulas que resuelvan las diferencias y logren un acuerdo sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los empleados judiciales.