BOGOTÁ, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Corte Suprema de Justicia interrogará a un ex director de informática de la policía secreta que acusó a su jefe entonces de relacionarse y aprovecharse de su cargo para beneficiar a los paramilitares, dentro de las investigaciones sobre los vínculos de posibles políticos con dichos grupos.
El abogado defensor de Rafael García, José Strusberg, dijo al informativo de la cadena 'RCN' que su cliente se presentará mañana ante los magistrados de la sala penal de la corte para aportar lo que consideró "información privilegiada" en las investigaciones que ese organismo desarrolla contra varios políticos.
García, que está preso por su complicidad en la alteración de los registros de algunos narcotraficantes en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), "tiene absolutamente todo lo relacionado con las vinculaciones de las que se está hablando y tiene información privilegiada que va a aportar a la corte", declaró.
Las declaraciones de García respaldaron en parte una investigación de la Procuraduría General del país que le formuló cargos al ex director del DAS, Jorge Noguera por suministrar información a líderes paramilitares y entorpecer investigaciones de lavado de dinero en las que entre los sospechosos figuraban familiares suyos.
"La Procuraduría y la fiscalía le están dando la razón (al ex funcionario) de lo que no habían querido ponerle atención y de lo que hace tiempo viene denunciado", expresó Strusberg.
Hasta ahora, dos senadores, una ex senadora y un representante fueron detenidos porque la Corte los relacionó con crímenes que cometieron los paramilitares, como masacres y desvío de fondos públicos para beneficiar a esos grupos armados.
Los procesados son miembros de la coalición de partidos que respaldan al presidente Álvaro Uribe, por lo que temen que las repercusiones que pueda tener este caso, puedan perjudicar a más funcionarios del Gobierno.
Otro colaborador del Gobierno de Uribe, Salvador Arana, ex gobernador del departamento de Sucre y ex embajador en Chile, está huído y el lunes el DAS ofreció 25.000 dólares de recompensa por información sobre su paradero. Se le acusa de formar grupos de 'paras'.
Otro protagonista del escándalo, el senador Álvaro Araujo, hermano de la ministra de Asuntos Exteriores María Consuelo Araujo, afirmó la semana pasada que si las investigaciones lo alcanzan a él, resultarían perjudicados su hermana y hasta el presidente.
Araujo declaró a 'Caracol Radio' que está dispuesto a "atender exclusivamente los requerimientos que las instancias judiciales competentes tengan a bien manifestarme", después de varios días rindiendo exhaustivas explicaciones a los medios de comunicación.
El Senador reconoció que sostuvo dos reuniones con el comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", porque las amenazas que recibió de dichas organizaciones le hicieron temer por su vida, pero rechazó que lo hiciera con propósitos políticos.
El ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, afirmó que "hay que esperar que la justicia se pronuncie porque hasta ahora el senador Araujo no ha sido llamado a indagatoria ni a nada". Las familias de Álvaro Araujo y "Jorge 40" han sido prominentes en Valledupar, la capital departamental del Cesar, a unos 660 kilómetros al norte de Bogotá.
Los paramilitares surgieron en los años 80 con apoyo de hacendados que querían defenderse de las guerrillas izquierdistas, pero esos grupos desviaron pronto su objetivo para dedicarse al narcotráfico, cometer atrocidades contra población civil y coparon el poder en los Gobiernos del norte del país.