BOGOTÁ, 17 May. (EUROPA PRESS) -
Aproximadamente 3.000 empleados de la rama judicial, entre fiscales, jueces y trabajadores de Medicina Legal, se sumaron hoy a cuatro manifestaciones que mantuvieron paralizado el centro de la capital gran parte de la mañana.
Las marchas partieron desde los tribunales de Bogotá, los jugados especializados, entre ellos el de Paloquemao y el Instituto de Medicina Legal, y se unieron para exigir al Gobierno una subida salarial.
Durante una hora, el servicio de Transmilenio estuvo parado, ya que la marchas de los funcionarios se desplazaban por la avenida 19 y la de Caracas. Los articulados recibieron la orden de abrir sus puertas y dejar que los pasajeros se bajaran en mitad del recorrido.
La crisis y el paro se agudizaron ante la determinación del sindicato de Medicina Legal de no recibir cadáveres ni realizar exámenes sexológicos y de alcoholemia. Según se conoció, cerca de 12 cadáveres permanecen desde hace cuatro días en la morgue.
Así lo expuso José Martín, quien desde hace cuatro días trata de reclamar el cuerpo de su madre, quien fue atropellada por una moto. "La justicia tiene derecho a parar pero también debe entender el dolor de los familiares de personas fallecidas y entregar los cadáveres", indicó a la emisora local 'Radio Caracol'.
38.000 TRABAJADORES EN PARO
Los magistrados de las altas cortes reclamaron al Gobierno que de forma "inmediata" se siente a negociar las pretensiones salariales de los 38.000 trabajadores judiciales que cumplen una semana de paro.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar, manifestó que es necesario que los encargados de Hacienda, Protección Social e Interior, escuchen las reclamaciones de los trabajadores de la rama judicial.
El magistrado consideró que "son razonables las pretensiones de ajuste salarial que manifiestan los funcionarios agremiados en Asonal, en el entendido que las nivelaciones se han realizado pero con los jueces y magistrados de los altos tribunales".
Además, advirtió que el cese de actividades, que cumple ya siete días, afecta de manera sensible la administración de justicia, el desarrollo de delicados procesos judiciales, la resolución de tutelas que apelan derechos fundamentales como a la salud y la vida, y también el proceso de descongestión judicial.