LA COOPERATIVA (COLOMBIA), 27 Abr. (EP/AP) -
El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, arremetió ayer contra las personas y empresas que financiaron a los paramilitares en el pasado, y lo hizo desde el cementerio de La Cooperativa, localidad del sur del país, en donde se exhumaron los restos de 57 víctimas de los paramilitares.
Iguarán denunció que aquellos que pagaron a los militares no lo hicieron por seguridad, "sino por sangre". Además, anunció que viajará a Washington la próxima semana para reunirse con su homólogo, Alberto Gonzales, con funcionarios del Departamento de Justicia y varios congresistas, entre ellos el demócrata Patrick Leahy, preocupado de los derechos humanos en Colombia.
En Estados Unidos, la compañía Chiquita pactó pagar 25 millones de dólares tras admitir que financió paramilitares en Colombia justificando que lo hizo para proteger a sus ejecutivos. Asimismo, la compañía Drummond se enfrenta a un juicio civil por supuestos pagos a paramilitares a cambio del asesinato de dos sindicalistas. Ambos casos son investigados ahora por la Fiscalía colombiana.
"Continuamos con las investigaciones sobre el financiamiento a paramilitares y necesitamos todo el apoyo de Estados Unidos" en esa materia, explicó Iguarán.
Respecto a los cuerpos exhumados en La Cooperativa, el fiscal general aseguró que fueron "víctimas de una época de terror y de violencia en Colombia".
La fiscalía estima que hay en torno a 10.000 cadáveres enterrados en fosas clandestinas de todo el país, otra secuela del conflicto armado que desde hace más de cuatro décadas asola Colombia. Mientras que para algunas organizaciones de víctimas del conflicto, el número de "desaparecidos" supera los 31.000. A lo que Iguarán advirtió de que se necesitan "más recursos para poder dar con todos".
En La Cooperativa, poblado ubicado en los llanos a unos 150 kilómetros al sur de Bogotá, viven ahora una docena de familias. Los forenses encontraron allí más de 78 cadáveres desde el pasado mes de febrero, cuya ubicación ha sido revelada por antiguos paramilitares que actuaron como victimarios.
Los últimos 57 fueron víctimas que descuartizaron y algunas las enterraron a menos de un metro de profundidad en pequeñas fosas en el cementerio rural de la localidad.
Apenas se ven un puñado de cruces que identifican las tumbas legales pero el terreno, del tamaño de la mitad de un campo de fútbol, está plagado por las fosas de las que los forenses exhumaron los restos.
Un paramilitar desmovilizado, que no quiso identificarse aduciendo temer por su seguridad, aseguró haber participado en los asesinatos y recordar "al menos diez sitios y de tres puntos" en donde enterraron a sus víctimas.
Muchas de las víctimas murieron en medio de una disputa entre dos bloques paramilitares que trataban de controlar la zona entre 2002 y 2004. El fiscal explicó que muchos eran campesinos que vivían en la zona y otros eran combatientes.