Colombia.- Funcionarios de la Administración de Justicia deciden mantener su paro y rechazar el acuerdo con el Gobierno

Actualizado 06/06/2006 1:48:30 CET

Los trabajadores consideran que el acuerdo alcanzado el viernes por sus representantes no recoge sus pretensiones en materia salarial

BOGOTA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los funcionarios de la Administración de Justicia de Colombia anunciaron que, a pesar de que hoy lunes se había declarado el fin de la huelga que venían realizando los últimos 24 días, decidieron mantener el paro por considerar que sus negociadores firmaron un acuerdo que no les garantiza sus derechos.

"Este acuerdo no recoge las pretensiones nuestras en materia salarial", sostuvo el portavoz de Asosal-judicial, Omar Chinchilla,quien indicó que los trabajadores de la Administración de Justicia colombiana mantendrán este paro "el tiempo que sea necesario" para que el Gobierno del presidente Alvaro Uribe escuche sus peticiones.

El acuerdo para suspender el paro se alcanzó el viernes por la noche en una reunión con el ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, cuando las partes pactaron crear una "prima de 15 días de salario para los empleados de menores ingresos", explicó el presidente del sindicato de trabajadores judiciales (Asonal), Fabio Hernández.

También se acordó la eliminación de un requisito que había para la entrega de bonificaciones a jueces y fiscales que consistía en el cumplimiento semestral de unas metas de productividad. Los jueces colombianos reciben una cantidad mayor de procesos de los que pueden tramitar, lo que provoca que muchos de ellos no sean estudiados con la debida eficacia y deban pasar a otras instancias, defienden los promotores de la protesta.

Hernández aseguró que entre 38.000 y 40.000 procesos se encuentran paralizados tras los 24 días que dura ya el paro, incluidas unas 18.000 tutelas o recursos de amparo. Las pérdidas ocasionadas por la huelga podrían ya ascender, según cálculos de Asonal, a unos 31 millones de dólares (unos 24 millones de euros), en los que se incluyen, salarios, honorarios de abogados, peritos e intereses en casos de asuntos civiles y laborales, entre otros.

El Consejo Superior de la Judicatura, sin embargo, estima que las pérdidas totales podrían ser de 92.000 millones de pesos (unos 29 millones de euros). Se cree que los acuerdos le costarán al Estado unos 45.000 millones de pesos (unos 14,3 millones de euros)

Hernández explicó recientemente que el 10% de los trabajadores judiciales no participaron en el paro por estar atendiendo "asuntos humanitarios", como el levantamiento de cadáveres y necropsias.

El paro desencadenó la excarcelación de decenas de personas que estaban detenidas al vencerse los términos legales para presentar los cargos formales por parte de los fiscales. Asimismo, quienes debían salir de prisión por pena cumplida tampoco pudieron acceder a la misma pues los jueces deben expedir la orden de libertad.

Inicialmente se pensó que el paro complicaría las elecciones presidenciales del 28 de mayo pasado, pues los jueces deben cumplir funciones de escrutadores durante el recuento de votos. No obstante, la Registraduría Nacional del Estado Civil logró que los jueces aceptaran participar en sus funciones durante los comicios donde el presidente Alvaro Uribe salió reelegido con el 62% de los votos.